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Alto contrasteEl MOP y la agenda de reactivación
MOPEn el Ministerio de Obras Públicas (MOP) confluyen, de manera directa, el desarrollo económico y las urgencias sociales. La infraestructura define conectividad, acceso al agua, provisión de servicios esenciales y, al mismo tiempo, constituye uno de los principales motores de inversión, empleo y productividad. Para una economía como la chilena, que no ha logrado despegar de un PIB tendencial en torno a 2% y que mantiene una tasa de desempleo por sobre 8%, el futuro desempeño de la cartera será determinante en las estrategias de reactivación de un Gobierno que se ha definido en clave de “emergencias” -seguridad, crecimiento, orden fiscal-, donde la capacidad para destrabar, ejecutar y priorizar inversión pública adquiere carácter estratégico.
De resolverse los principales nudos, la cartera de concesiones podría generar este año el mayor flujo de inversión desde 2010.
En ese escenario asumirá en marzo el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. Lo hará en una cartera que ha perdido dinamismo respecto de sus años de mayor expansión -hacia fines de los ‘90 la inversión anual en concesiones alcanzaba los US$ 1.500 millones y hoy no supera los US$ 800 millones por ejercicio-, y con un deterioro evidente en la competitividad de los procesos, con un promedio de 0,7 oferentes por licitación frente a los cuatro o cinco de períodos anteriores. Todo ello, en un contexto de estrechez fiscal, con un recorte presupuestario cercano a 17% para 2026 y un ajuste fiscal en ciernes, cuyo impacto en el MOP aún se desconoce.
Frente a este cuadro, Arrau ha planteado una hoja de ruta que privilegia la gestión por sobre la visibilidad política. Su decisión de priorizar 60 obras por cerca de US$ 40.000 millones -con énfasis en seguridad, crisis hídrica, hospitales y conectividad estratégica- alinea la cartera con las urgencias del próximo Gobierno. El ministro no ha puesto el foco en anunciar nuevos proyectos, sino en acelerar aquellos ya adjudicados o en etapas avanzadas, a fin de activar inversión en un plazo compatible con las necesidades económicas y sociales del país. A ello ha sumado énfasis en recuperar la competitividad en concesiones y reducir las trabas burocráticas.
Chile cuenta hoy con una cartera de concesiones superior a los US$ 6.000 millones. De resolverse los principales nudos regulatorios y de gestión, podría generarse un flujo de inversión cercano a US$ 1.000 millones este año, el mayor desde 2010. Ese impulso tendría un efecto directo en actividad, empleo y crecimiento, particularmente en sectores intensivos en mano de obra y encadenamientos productivos.
La agenda de “reinstitucionalización” del MOP que ha planteado el futuro ministro pareciera apuntar, por otro lado, a una mejora de la gestión interna, en un esfuerzo por ordenar el funcionamiento de la cartera, lo que no debiera competir con la agenda de destrabe de proyectos y la recuperación del atractivo del sistema de concesiones. Se trata de un equilibrio clave, considerando que Chile lleva varios años estancado en torno al lugar 44 en el Índice Mundial de Competitividad, donde la infraestructura es un componente base.
En ese contexto, una línea interesante de explorar es la propuesta de conformación de una instancia de coordinación de nivel presidencial, que integre al sector privado y acompañe la revisión y avance de las obras prioritarias. Un grupo con mandato claro, capacidad técnica y dedicación específica permitiría ordenar prioridades, evaluar impacto económico y territorial, y favorecer con ello la continuidad estratégica de la inversión más allá del ciclo político. No se trata de crear nuevas capas burocráticas, sino de dotar al Estado de una capacidad efectiva para ejecutar.
