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Alto contrasteEncuesta Casen y urgencias laborales
Finalmente, y tras cinco meses de postergación, se conocieron los resultados de la encuesta Casen 2024. Como se anticipaba, la metodología más exigente confirmó que la población en situación de vulnerabilidad es significativamente mayor que la registrada en resultados anteriores. Las cifras reflejaron que en 2024 la tasa nacional de pobreza por ingresos se ubicó en 17,3%, esto es 3,5 veces más que el porcentaje que habría arrojado la metodología anterior (4,9%). En pobreza multidimensional, que identifica a los hogares con carencia en al menos cinco de los 20 indicadores evaluados, la brecha entre ambas mediciones fue inferior, pero igualmente preocupante, al evidenciar que el 17,7% de la población vive en tal condición.
Aunque el foco del Gobierno estuvo puesto en el aumento de los ingresos de la población y la reducción de la tasa de pobreza, una segunda lectura no solo confirma las alertas sobre el complejo escenario laboral que enfrenta el país, sino que devela la preocupante situación de la población más vulnerable, así como el riesgoso panorama de las arcas fiscales.
La distribución de los ingresos del trabajo no muestra avances, mientras el mercado laboral exhibe un grado persistente de desigualdad.
Mientras en 2024, los ingresos laborales de los hogares se ubicaron, en promedio, por primera vez por sobre los niveles prepandemia (5% superiores a los de 2017), los del primer decil no solo resultaron aún 60% por debajo de esta medición, sino que además exhibieron una caída de 17% entre 2022 y 2024. Este cuadro se contrasta con un alza promedio de 110% en los subsidios monetarios respecto de los niveles prepandemia, los que alcanzaron a $ 145.563 por hogar en el primer decil, cifra que además de plantear dudas sobre su sostenibilidad en el actual escenario de déficit fiscal, casi triplica los ingresos del trabajo de ese segmento.
La limitada capacidad que el país viene arrastrando para generar empleo formal, particularmente entre los sectores más vulnerables, se hace evidente en otros indicadores. Quienes viven en pobreza por ingresos tienen una tasa de desocupación de 24,8%, casi cuatro veces superior a la de quienes no están en esa situación. A ello se suma que solo el 34,7% está ocupado, frente al 61,7% del resto de la población, y que el 53,4% no registra cotizaciones previsionales, cifra que además de mostrar una tendencia creciente, limita su acceso a la seguridad social. Todo ello confirma que la distribución de los ingresos del trabajo no muestra avances y que el mercado laboral sigue exhibiendo un grado persistente de desigualdad.
Es de esperar que la publicación de estos resultados, bajo un estándar metodológico más estricto, reordene las prioridades del debate público y devuelva a la pobreza a un lugar central en la agenda económica y social. Más allá del relato oficial, el diagnóstico que emerge es sustantivamente más severo y desafía la evaluación complaciente del período que termina. La persistencia de brechas profundas en empleo formal y la creciente dependencia de transferencias fiscales tensionan tanto la cohesión social como la sostenibilidad de las finanzas públicas, configurando un escenario que demandará a la próxima administración decisiones tempranas, consistentes y focalizadas.
