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Alto contrasteErosión de la regla fiscal
Su informe más severo sobre el desvío de las finanzas públicas presentó esta semana el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), dando cuenta del déficit crónico por el que atraviesan. Al cierre de 2025, el Gobierno incumplió por tercer año consecutivo la meta de déficit estructural, que escaló a 3,6% del PIB, lo que a juicio del organismo refleja que la situación dejó de ser transitoria, y refuerza la urgencia de retomar una senda creíble y verificable de consolidación fiscal. A seis días de que concluya la actual administración, el desafío será del próximo Gobierno, en un contexto en que muy probablemente deberá revisar si el ajuste de US$ 6.000 millones comprometido durante la campaña electoral será suficiente para enfrentar la magnitud del desequilibrio acumulado.
El cumplimiento de la regla fiscal -una de las principales anclas de estabilidad macroeconómica del país en las últimas décadas- no depende únicamente de fijar metas explícitas, sino de la capacidad de las autoridades para ajustar oportunamente el gasto cuando los ingresos se deterioran. Sin embargo, pese a las insistentes advertencias del CFA y de numerosos expertos, las correcciones emprendidas por el Gobierno fueron tardías o insuficientes, en un marco en que las proyecciones de ingresos siempre estuvieron sobreestimadas. El resultado fue un desvío de cerca de US$ 8.800 millones, el más alto registrado en un año sin crisis económica ni eventos extraordinarios.
El deterioro de las cuentas públicas presionará la magnitud del ajuste comprometido por el próximo Gobierno.
De acuerdo con el Consejo, los errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos fiscales, las modificaciones en el nivel de los ajustes cíclicos, la escasa efectividad del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo y el nivel de gasto que excedió incluso el comprometido en el acuerdo marco para la aprobación de la Ley de Presupuestos profundizaron el desajuste. Y, de hecho, advirtieron que la contención de la deuda se debió a aspectos puntuales, como el PIB nominal y el tipo de cambio.Así, las consecuencias no han sido solo contables, sino que han deteriorado la confianza en la regla fiscal, en un marco en que su incumplimiento reiterado y las metas inconsistentes han derivado en un aumento del gasto en intereses de la deuda y en la reducción de los activos del Tesoro.
Pese a los empeños del Gobierno por realzar un legado de normalización, la herencia fiscal dejará su huella en crecientes presiones sobre la magnitud del recorte de gasto anunciado por la próxima administración, que a juicio de varios analistas podría elevarse, al menos, a US$ 8.000 millones. Ello considerando que los cálculos se realizaron antes de conocerse la magnitud completa del desvío. Según expertos, entre los ámbitos que asoman como particularmente exigentes de revisión están el sector salud -en particular la carga financiera de Fonasa-, los gastos permanentes de los Servicios Locales de Educación Pública (Slep) y los planes en vivienda, dada su alta rigidez presupuestaria.
El regreso a una consolidación de mediano plazo urge así por impulsar un mayor crecimiento económico potencial, reducir la evasión y elusión de impuestos, fomentar nuevas fuentes de ingresos estructurales y alcanzar una mayor eficiencia en el gasto público, como condiciones básicas para restablecer la consistencia entre compromisos y gastos permanentes.
