Incumplimiento de la Ley de Inclusión
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La Ley de Inclusión, al poner fin al copago, estableció un aporte por gratuidad que desde 2016 se entrega a los establecimientos subvencionados, siempre que sean gratuitos, sin lucro y tengan el convenio de igualdad de oportunidades con el Estado.
La unidad para definir los subsidios educacionales es la USE. En 2016 el aporte por alumno fue de USE 0,25 mensual (casi $ 6.000) y este año aumentó a USE 0,35 (en unos $ 8.300). De acuerdo a la Ley de Inclusión a partir de 2018 debía aumentar a USE 0,45, bordeando los $ 10.800.
Sin embargo, según lo dio a conocer Libertad y Desarrollo la semana pasada, a través de una glosa incorporada en la Ley de Presupuestos 2018 se estableció que el aporte por gratuidad para el próximo año será de USE 0,35, lo que al año supone la entrega de $ 28.776 menos por cada alumno.
De acuerdo al Informe de Finanzas Públicas 2018, el 85,3% de la matrícula subvencionada debiera recibir este aporte, lo que equivale a 2.781.404 alumnos, con lo que se dejarían de entregar más de $ 80.000 millones que por ley le corresponden a los establecimientos que cumplen con las condiciones que el gobierno ha establecido.
Esta decisión, que en primera instancia se tildó de una postergación transitoria que afectaba a un número minoritario de colegios, hoy es reconocida como una situación no deseable y, ante los múltiples cuestionamientos, el gobierno se ha abierto a reponer estos recursos. Ello parece inevitable pues, de lo contrario, el gobierno estaría modificando las condiciones que se establecieron al momento de aprobarse la Ley de Inclusión y que fueron tomadas en cuenta por los colegios al optar por acogerse a la gratuidad.
