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Alto contrasteLas urgencias de la nueva demografía
La población chilena está entrando aceleradamente en una fase de envejecimiento sostenido, a un ritmo mayor al previsto, marcado por la caída persistente de la natalidad y la mayor esperanza de vida. La reciente actualización demográfica del INE abre, así, nuevos desafíos en crecimiento, empleo y sostenibilidad de las finanzas públicas, que hacen necesario repensar la forma en que el Estado proyecta, prioriza y asigna recursos a lo largo del ciclo de vida.
De acuerdo con el INE, la población del país alcanzará su máximo en torno a 2035, con cerca de 20,6 millones de personas, para luego iniciar un descenso gradual hasta 16,9 millones en 2070. En solo dos años más las defunciones superarán a los nacimientos, como resultado de una tasa de fecundidad que cayó a 0,97 hijos por mujer en 2024 -muy por debajo del nivel de reemplazo- y de una esperanza de vida que se elevaría desde los actuales 81,8 años a cerca de 88,4 hacia mediados de siglo. Para 2070, los mayores de 65 años representarían más del 42% de la población y, en paralelo, las personas en edad potencialmente activa comenzarán a disminuir desde 2035, estrechando la base laboral sobre la cual descansan el crecimiento económico, la recaudación tributaria y el financiamiento de las políticas sociales.
El nuevo cuadro hace necesario repensar la forma en que el Estado proyecta, prioriza y asigna recursos a lo largo del ciclo de vida.
Este nuevo cuadro demográfico tiene implicancias directas sobre la sostenibilidad de las políticas públicas. La PGU, la reforma previsional, el sistema de salud y los planes de cuidados fueron diseñados con proyecciones anteriores. En un escenario de envejecimiento acelerado, la presión tenderá a intensificarse, tanto por el lado del gasto como por el de los ingresos. Estimaciones de expertos sugieren que el cambio demográfico podría restar en torno a 0,1 punto porcentual anual al PIB tendencial, al reducir la contribución del factor trabajo. Todo ello refuerza la necesidad de fortalecer la productividad, el capital humano y la participación laboral, especialmente de mujeres y personas mayores, mediante esquemas más flexibles y adaptativos que permitan compensar la menor expansión de la fuerza de trabajo.
El envejecimiento también obliga a reconsiderar la trayectoria del gasto público a lo largo del ciclo de vida. Las proyecciones indican que el gasto en salud podría pasar desde 5,6% del PIB en 2024 a cerca de 12% hacia 2050. Este cambio exigirá mayores niveles de eficiencia y una revisión de la oferta y la demanda, donde muy probablemente gastos educacionales deban transitar hacia previsión social o salud, junto con políticas que apoyen la natalidad.
En el inicio de un nuevo ciclo político, para el que se han definido diversas prioridades de carácter urgente, el envejecimiento poblacional puede no constituir una emergencia inmediata, pero es en sí un desafío estructural y de largo plazo que exige ser abordado con seriedad y urgencia. Incorporar esta nueva realidad es esencial para evitar (des)ajustes abruptos en el futuro.
