VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteLecciones del apagón
A un año del apagón del 25 de febrero, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles impuso multas por más de $ 29 mil millones a cinco empresas transmisoras -Interchile, Transelec, Alfa Transmisora, CGE y Engie- y a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional por fallas en la operación, mantención y supervisión del sistema. Con la sanción administrativa se cierra una etapa, pero aún resta por dilucidar si la institucionalidad eléctrica ajustará sus incentivos y su arquitectura de control para evitar que una falla puntual vuelva a escalar hasta un colapso sistémico.
El corte de 2025 dejó sin suministro al 98% del país y afectó a cerca de 19 millones de personas entre Arica y Los Lagos, con pérdidas en torno a los US$ 450 millones, además del impacto en transporte, telecomunicaciones y servicios básicos. La falla se originó en instalaciones de Interchile y derivó en la desconexión de líneas críticas del sistema troncal. La investigación posterior identificó deficiencias en la mantención de respaldos del sistema SCADA, incumplimientos en la disponibilidad de instalaciones esenciales y omisiones en el deber de vigilancia del Coordinador Eléctrico.
La sanción administrativa cierra una etapa, pero no resuelve las fragilidades que dejó al descubierto el 25F.
El evento expuso debilidades de fondo, pues la transmisión eléctrica continúa dependiendo de un eje norte-sur sin suficientes alternativas operativas ante contingencias extremas. La no implementación oportuna de planes de defensa, junto con la insuficiente adaptación de los esquemas de desconexión automática reveló una brecha entre diseño normativo y ejecución efectiva.
El apagón puso en evidencia, además, la necesidad de reforzar la fiscalización preventiva y no solo sancionatoria. La reportabilidad incompleta o extemporánea de información crítica y la mantención deficiente de instalaciones estratégicas no pueden depender de interpretaciones laxas de la normativa. Un regulador con atribuciones efectivas y mecanismos de monitoreo continuo es condición básica para un sistema eléctrico que opera con crecientes niveles de complejidad.
Del mismo modo, la gobernanza del Coordinador requiere mayor claridad en la delimitación de responsabilidades entre dirección estratégica y operación ejecutiva, para evitar zonas grises en la rendición de cuentas.
También se impone acelerar decisiones de inversión largamente postergadas, que involucren infraestructura, tecnologías de respaldo y procesos tarifarios transparentes que alineen seguridad y eficiencia.
La reciente decisión del Ejecutivo de revocar la licitación destinada a apoyar una secretaría técnica específica y su reemplazo por un comité de expertos abre un espacio de discusión, pero no sustituye la necesidad de medidas concretas de corto plazo.
La seguridad del suministro eléctrico es un componente central de la competitividad y de la estabilidad económica. Las multas envían una señal, pero su impacto dependerá de si se traducen en cambios estructurales en fiscalización, gobernanza e inversión.
