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Alto contrasteLey de reajuste: “amarres” más allá de lo prudente
Esta semana, luego de que varios aspectos del acuerdo entre la ANEF y el Gobierno sobre el reajuste a los funcionarios públicos habían generado una aguda polémica, el Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto respectivo, que incorpora todos los puntos previamente acordados y otros más. El proyecto de reajuste del sector público suele ser misceláneo, pero esta vez la amplitud de temas incluidos, junto con su impacto fiscal, va más allá de lo razonable, dejando una herencia bastante compleja al próximo Gobierno.
El primer “amarre” se da en materia de recursos, ya que el reajuste salarial y el resto de los beneficios que se entregan tiene un costo fiscal, de acuerdo con el Informe Financiero (IF), de casi US$ 1.800 millones, monto que triplica los recursos provisionados en la Ley de Presupuestos 2026. Solo por esa razón el Gobierno entrante deberá buscar la forma de financiar un reajuste ya comprometido. El IF señala posibles reasignaciones como fuente de financiamiento, lo que resulta bastante inédito.
Lo recomendable es el rechazo de una iniciativa que dejaría una compleja herencia al próximo Gobierno.
¿Podrían, entonces, buscarse recursos a través de una mejor gestión a nivel de las personas que trabajan en el Gobierno? Si se aprueba el proyecto de ley tampoco se ve factible esta opción, ya que el amarre más complejo ocurre a través de implementar una cuasi inamovilidad de los casi 300 mil funcionarios a contrata del gobierno central. Esto porque el proyecto de ley establece que la no renovación de la contrata debe cumplir una serie de requisitos y, además, modifica el criterio de la Contraloría de los cinco años de plazo para establecer la confianza legítima, reduciéndolo a dos. En la práctica, se dificulta enormemente la necesaria readecuación de la planta funcionaria, no solo para generar recursos y pagar los reajustes correspondientes, sino que también restringe el espacio para que el próximo Gobierno pueda realizar el ajuste de gasto, necesario para recuperar la sostenibilidad fiscal.
Por último, se incorporan materias que no tienen ninguna relación con el reajuste, y que deberían plantearse en proyectos separados, como la modificación del objeto legal de Correos de Chile y ENAP. No parece esta una forma apropiada de incorporar materias que requieren mucho más análisis y discusión.
En definitiva, parece recomendable el rechazo de esta iniciativa legal, lo que además estaría dentro de los escenarios del ministro de Hacienda, quien no estuvo dispuesto a modificar el articulado, a pesar de las críticas de parlamentarios oficialistas y de oposición. El ministro ha declarado que prefiere ir directo a la votación: “Ganamos, ganamos; perdemos, perdemos”. No parece un buen camino para las que serán las últimas propuestas legislativas de este Gobierno.
