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Alto contrasteNegociación ramal a destiempo
Cuando restan pocas semanas para el término de su mandato, el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de negociación multinivel, en una decisión que refleja el divorcio entre prioridades económicas y las pulsiones del legado que intenta exhibir. Ya era discutible insistir en una reforma que rigidiza las relaciones laborales y eleva los costos de contratación en un mercado que no logra consolidar la recuperación del empleo formal, pero la entrevista del ministro del Trabajo con DF aportó un elemento nuevo y sensible: la ambición de usar la negociación sectorial como mecanismo para que cada sector productivo establezca su propio salario mínimo, fragmentando con ello una política social vigente, que se trasladaría a mesas corporativas, con un alto riesgo de negociaciones asimétricas, desconectadas de las estructuras de costos y de productividad.
Forzar condiciones laborales uniformes desde una mesa sectorial implica fijar costos por sobre la capacidad real de muchas empresas.
No hay mejor política social que la creación de empleo, por eso es preocupante que en un escenario en que la tasa de ocupación informal supera el 26%, los nuevos puestos de trabajo formal solo suman 116 mil durante el último año, y la desocupación acumula 35 meses sobre 8%, se insista en normativas que en lugar de estimular el mercado laboral apunten en sentido contrario. La actual legislación laboral ya contempla mínimos universales, como la jornada laboral, la protección de la maternidad y el propio sueldo mínimo, aplicables a cualquier trabajador, sin importar la empresa en la que se desempeñe, marco en el que toda negociación colectiva tiene como objetivo mejorar tales condiciones.
La propuesta del Gobierno presenta la idea de sueldos mínimos por sectores como una suerte de ajuste fino de la productividad sectorial, en un diseño que contempla Consejos Sectoriales con actores “representativos”, donde existe la obligación de negociar. En un país con marcada heterogeneidad empresarial, esa arquitectura arriesga que los estándares los fijen quienes tienen mayor capacidad de coordinación, mientras los costos se distribuyen hacia los eslabones más frágiles de la cadena -contratistas, firmas pequeñas y sectores con menor productividad intra sectorial- donde los niveles de productividad, tamaño, acceso a financiamiento y maduración son distintos. Forzar condiciones laborales uniformes desde una mesa sectorial desconectada de esa realidad implica, en la práctica, fijar costos por sobre la capacidad real de muchas empresas, especialmente las PYME. A ello debe agregarse el riesgo de nuevos focos de poder con capacidad de influir en la libre competencia y la posibilidad de que se conviertan en espacios de influencia política, donde los acuerdos pueden responder más a intereses partidistas que a las necesidades reales del sector productivo.
La iniciativa tiene probablemente pocas posibilidades de avance en el marco de un Gobierno que va de salida y ante el receso legislativo que se aproxima, pero distrae esfuerzos y tiempo, en un escenario en que los desafíos urgentes son impulsar medidas procrecimiento e inversión, en lugar de abrir debates sin evidencia, sustento ni evaluación técnica.
