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Alto contrasteNegociación ramal, insistencia sin fundamento
A contrarreloj y sin piso político, el Gobierno ha decidido reflotar el envío al Congreso del proyecto de ley de negociación ramal, una iniciativa que fue promesa de campaña de una administración que termina y de una candidata oficialista derrotada en las urnas. La arremetida resulta descontextualizada no solo porque de un Gobierno que finaliza se espera un cierre ordenado, enfocado en asegurar continuidad administrativa, mientras resuelve los pendientes más significativos para el traspaso a la administración siguiente, sino porque el mercado laboral ha sido durante los últimos años el eslabón más débil de la economía, donde nuevas rigidices solo complicarían aún más el escenario actual.
En un marco donde el país acumula casi tres años con tasas de desocupación por sobre 8%, un aumento de la productividad prácticamente nulo y con un crecimiento tendencial que recién comienza a despegar del 2%, diversos expertos han insistido en que los desafíos urgentes son impulsar medidas procrecimiento e inversión. Y, en ese contexto, han advertido que el proyecto de negociación multinivel amenaza con disminuir la flexibilidad de las relaciones laborales y encarecer los costos de contratación, con un efecto directo en la generación de empleo.
La arremetida del Gobierno es reveladora de una lógica desvinculada de la evidencia técnica y del momento político.
El resurgimiento de la iniciativa responde al compromiso adquirido por el Ejecutivo con la CUT en la negociación salarial de 2022, en el marco de una agenda laboral que el Gobierno busca instalar como una suerte de legado -ante los exiguos resultados en seguridad y crecimiento económico-, pero que desconoce la evidencia de los costos que ha involucrado.
El propio Banco Central, en el IPoM de septiembre, sostuvo que medidas como la reducción de la jornada laboral y el alza del sueldo mínimo han contribuido a un “impacto negativo en empleo”. Solo el incremento de las remuneraciones significó una caída de 1,5% en el empleo asalariado formal y una reducción promedio 5,6% en el empleo de las empresas expuestas, según el organismo, evidencia fuertemente resistida por el propio Presidente Boric. Y un reciente estudio de Sofofa estimó que los esquemas de negociación sectorial puede elevar los costos laborales agregados en hasta 7,4%; que la pérdida de puestos de trabajo podría llegar a 135 mil empleos formales; y que se requeriría crecer cerca de 1% anual solo para compensar los costos de toda la agenda laboral en su conjunto.
Si hoy se observan estas distorsiones por medidas que no fueron evaluadas oportunamente con rigor técnico, el riesgo de seguir sumando iniciativas de este tipo solo prolongaría la debilidad del empleo y las barreras a la contratación formal.
Que el Gobierno insista en reactivar una reforma sin sustento técnico ni condiciones mínimas para su tramitación legislativa es revelador de una lógica desvinculada de la evidencia y del momento político. La negociación ramal no es solo inoportuna, es una idea mal diseñada, cuyas consecuencias en términos de empleo y productividad ya han sido advertidas en términos técnicos. El país necesita reformas que sumen capacidad productiva, no que profundicen los problemas del mercado laboral.
