Editorial

Objeción a competencia de La Haya

La decisión de la presidenta Michelle Bachelet de objetar

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La decisión de la presidenta Michelle Bachelet de objetar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), luego de la solicitud de La Paz para que el tribunal internacional declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo para que Bolivia tenga acceso soberano al mar, ha recibido un contundente respaldo a través de todo el espectro político, donde se reconoce su entereza en la oportuna y sólida defensa de la integridad territorial del país y de la inviolabilidad de los tratados limítrofes, incluyendo por cierto los suscritos por la nación vecina.

En efecto, el Tratado de Paz y Amistad de 1904 fijó definitivamente las fronteras entre Chile y Bolivia, hecho que ha sido reiterado insistentemente por los distintos gobiernos frente a las autoridades altiplánicas, como parte de una política de Estado en que no hay matices respecto de la soberanía y los intereses nacionales. De hecho, entre otros argumentos que se han planteado figura el que en virtud del propio Pacto de Bogotá, la corte internacional es competente sobre situaciones recién a partir de 1948.

Como ha sido recordado recientemente por la Cancillería en el documento “Chile y la Aspiración Marítima Boliviana. Mito y Realidad”, en el tratado de 1904 Chile reconoció a favor de Bolivia y a perpetuidad “el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”, gozando además de autonomía aduanera, preferencias tarifarias y facilidades de almacenamiento, exenciones tributarias y libre desplazamiento por las rutas de conexión con los puertos, con beneficios y privilegios que a Chile le cuestan unos US$ 100 millones anuales.

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