A fines de octubre, la Contraloría General de la República dio un duro golpe al proyecto del Gobierno que reemplaza el Crédito con Aval del Estado (CAE) por el nuevo sistema público de Financiamiento de la Educación Superior (FES).
La iniciativa estrella del Gobierno establece que se cambia el CAE por un esquema en el cual los estudiantes recibirán el financiamiento de parte del Estado para solventar sus carreras, quienes una vez egresados y empleados deberán contribuir al Estado con un tope de hasta 20 años.
Mediante un dictamen, el órgano de control sostuvo que dicho flujo no debe ser contabilizado como un activo financiero para el Estado, sino que potencialmente como un gasto público, mediante un “activo contingente”. O sea, que dejará de ser un pasivo en la medida que se asegure la recaudación vía contribución.
Este jueves, un seminario organizado por la Universidad de los Andes fue el escenario escogido por el Gobierno para adelantar de qué forma se hará cargo de las observaciones del órgano de control.
El proyecto que crea el FES está en segundo trámite en la comisión de Educación del Senado. Grau y Martínez sinceraron que se explora un acuerdo para destrabarlo antes de que termine el actual Gobierno.
En el evento, que contó con la presencia de autoridades universitarias, académicos y parlamentarios, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, adelantó que en las indicaciones que se ingresarán al proyecto FES en los próximos días se establecerá con mayor claridad la manera de contabilizar los flujos del nuevo esquema.
“Se está trabajando en modificaciones para que se clasifique más claramente como Préstamos y Cuentas por Cobrar, según la Normativa Contable correspondiente a la Resolución 16 de 2015 de la CGR”, dijo la ingeniera, especificando que aquello resultará de un trabajo técnico con la Contraloría.
Lo que se busca con esta modificación contable es establecer una medición más “fiable” del valor de la contribución que realizarán los egresados y que buscan solventar el nuevo sistema estatal.
La directora explicó que la medición fiable del valor de la contribución es solo una de cuatro observaciones que realizó Contraloría para no reconocer el flujo como un activo financiero, junto con la identificación verificable del derecho que adquiere el Estado; el control de los beneficiarios; y la expectativa de recuperación, que está marcada por la incerteza sobre el monto de la devolución asociada.
Según dijo la titular de la Dipres, estas últimas tres observaciones ya estarían resueltas en el proyecto, que hoy está en la comisión de Educación del Senado.
“Para el Ejecutivo, el modelo propuesto cumplía con ser un activo, pues es un depósito de valor que devenga un beneficio o una serie de beneficios para su propietario económico por su posesión o uso durante un período. El beneficio se genera con un cobro mediante instrumentos legales de alto poder coercitivo”, defendió la autoridad.
Luego, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló tras el evento que con estas modificaciones que ingresarán vía indicación se busca dejar “tranquilos” a los distintos actores, enfatizando que no se innovará en considerar el flujo del FES como una operación bajo la línea. O sea, que no afecta el balance estructural del Fisco, pero que sí puede tener implicancias sobre la sostenibilidad de la deuda.
“Cuando uno ve la globalidad del proyecto, es muy claro que el FES es sustantivamente mejor en términos fiscales que la situación actual. Y esa es la urgencia que todos debiéramos tener”, manifestó.
Debate académico
Tras la exposición de Grau y Martínez, un panel integrado por distintos especialistas analizó la situación actual del proyecto: la directora de la Escuela de Gobierno de la U. Católica, Andrea Repetto; el exministro de Hacienda, Ignacio Briones; y el exdirector de Presupuestos y académico de la U. de los Andes, Matías Acevedo.
Briones, aprovechando la atención de Grau y Martínez, calificó derechamente la contribución al Estado como “un nuevo impuesto a los graduados”.
Así, llamó al Gobierno a abrirse a “un buen crédito contingente al ingreso” que cumpla los mismos objetivos, pero sin las distorsiones que, a su juicio, genera el FES.
Repetto coincidió en que el nuevo sistema tiene un carácter “deficitario” y que, precisamente por eso, representa una oportunidad para revisar cómo funciona la institucionalidad fiscal.
Por lo mismo, subrayó la necesidad de contar con “un informe financiero mucho más informativo, con una mirada mucho más larga que como la que pidió el Consejo Fiscal Autónomo”. Y añadió: “Hay muchos supuestos que no son transparentes en los informes financieros”.
Mientras que para Acevedo lo que hay aquí es un “subsidio implícito”, donde el Ejecutivo decidió, a través de la progresión de las tasas, entregar un beneficio que se traduce en una tasa de interés efectiva negativa para los graduados.
Acevedo cuestionó también que el modelo asuma una morosidad nula. “Para los que conocemos el Servicio de Impuestos Internos, uno no puede asumir, como lo hace este proyecto, que este sistema va a tener una morosidad cero. Eso es lo que está asumiendo”, dijo el académico.
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