Una nueva encuesta publicada ayer en Brasil mostró que la popularidad de la presidenta Dilma
Rousseff se encuentra en nuevos mínimos. Sólo el 13% de los consultados por la empresa Datafolha considera su gobierno como "bueno", mientras el 62% cree que éste es "malo" o "muy malo".
La opinión pública brasileña ha resentido con fuerza el deterioro de la economía -con una moneda cada vez más depreciada y una actividad estancada y sin visos de pronta mejora- y los escándalos de corrupción que tienen a un alto número de políticos involucrados.
Rousseff ha intentado aplacar este mal panorama, que incentivó las protestas masivas del fin de semana pasado, con una batería de medidas para enfrentar la corrupción, incluyendo penas más duras para quienes financien a candidatos de forma ilegal.
Sin embargo, junto con la aplicación estricta de mayores sanciones, lo que gran parte del electorado espera es un castigo a quienes ya cometieron actos de corrupción.
La suerte del sistema político dependerá entonces de cómo se resuelvan los actuales problemas, elemento necesario para que los inversionistas vuelvan a confiar en el país.