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Alto contrastePromesas versus legado
A dos días del cambio de mando, el Gobierno de Gabriel Boric concluirá un mandato para el que se prometieron reformas estructurales, pero cuyo legado es un cúmulo de normativas que difícilmente por sí solas significan un cambio fundamental para la vida de la población. Con una expansión promedio anual de 1,9% -la segunda más baja desde el regreso a la democracia, tras Bachelet II-, una tasa de desempleo que se ha mantenido durante más de tres años por sobre 8% y un desvío crónico en las cuentas públicas, el legado refleja un país que no logró avanzar a un ritmo suficiente para retomar una senda de crecimiento sostenido y de bienestar.
Los logros más destacables del Gobierno se concentraron en la agenda laboral, donde muy probablemente el sello de la gestión será la reforma previsional. Aunque el diseño final se alejó de la promesa de terminar con las AFP, el Ejecutivo logró actuar con pragmatismo para alcanzar un amplio acuerdo en el Congreso, que permitió preservar la capitalización individual, fortalecer el ahorro previsional y resguardar el rol del mercado de capitales, cerrando así una discusión abierta por años. Sin embargo, también generó costos, pues la cotización adicional con cargo al empleador, sumada a la puesta en marcha de normativas como la Ley Karin, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo terminaron elevando los costos de contratación, pues las buenas intenciones no fueron acompañadas con planes que fortalezcan la productividad.
Las iniciales promesas de transformación dieron paso a un débil desempeño económico, un mercado laboral en emergencia y un déficit fiscal crónico.
En este marco, la actual administración cierra con tres de sus cuatro años bajo emergencia laboral, reflejados en 39 meses consecutivos con tasas de desocupación superiores a 8%, una situación que solo se observaba en períodos de crisis. Los desocupadas superan las 850.000 personas y la tasa de informalidad bordea el 27%, lo que significa que cerca de dos millones de personas trabajan sin acceso pleno a seguridad social ni protección laboral, lo que trasluce un alto costo para las familias.
El balance tampoco es alentador en materia de actividad económica. El último año cerró con una expansión de 2,3%, bajo las estimaciones del propio Gobierno. La capacidad de crecimiento se vio limitada tanto por políticas desalineadas con la productividad y la alta burocracia estatal, como por la incertidumbre que desencadenaron las promesas de transformar el ordenamiento jurídico y económico, plasmadas en el fracasado primer proceso constitucional. No obstante, un avance valorable fue la Ley de Permisos Sectoriales, el primer esfuerzo sistemático por reducir la excesiva tramitación administrativa, acortar los plazos de autorización de proyectos e incentivar la inversión.
El materia fiscal, el Gobierno acumuló tres años consecutivos de incumplimiento de la regla y cerró 2025 con un déficit estructural de 3,6% del PIB -el más alto para un período sin crisis- y prácticamente sin recursos en el Tesoro Público, donde los activos líquidos apenas bordean los US$ 46 millones, el nivel más bajo en 15 años.
Se trata de una herencia pesada para el Gobierno que se apresta a asumir y que ha definido su mandato como de emergencia. Priorizar será clave, entonces, clave, pues cuatro son un horizonte acotado para consolidar compromisos duraderos en crecimiento, seguridad e inmigración, los ejes del programa. Sin embargo, el cambio de ciclo abre la oportunidad para avanzar en acuerdos que permitan promover la inversión y fortalecer las instituciones fiscales.
