Reajuste del salario mínimo

Tras enviar inicialmente a trámite legislativo una propuesta de reajuste del salario mínimo de $ 10.000, con los cuales este precio de referencia del mercado del trabajo subiría desde los actuales $ 250.000 a $260.000 a contar del 1 de julio (es decir, con un incremento nominal de 4%), finalmente el gobierno comunicó en horas de la tarde de ayer el ingreso de una indicación que concede un aumento de 10% al ingreso mínimo en un plazo de 18 meses, al cabo de los cuales este indicador quedará en $ 276.000.

Tras un debate evidentemente tenso y en que se apreció al titular de Hacienda ofuscado en algunos episodios, lo resuelto por el Ejecutivo deja sensaciones encontradas, tanto porque aparece algo contradictorio con las primeras señales emitidas por la propia autoridad al justificar la propuesta inicial de 4%, como porque en las actuales condiciones de la economía el reajuste propuesto podría suponer una presión adicional que impacte a nivel de las pymes y de grupos de trabajadores menos calificados y vulnerables, como los jóvenes y las mujeres.

En un país que completará en 2017 cuatro años creciendo a niveles en torno o por debajo del 2%, es decir en magnitudes magras que se ven incluso más desmejoradas si se incorporan al análisis la variable demográfica y las urgencias en materia de pobreza y desigualdad, poner presión a un mercado del trabajo que está comenzando a mostrarse anémico, terminará por pasarle la cuenta justamente a quienes más necesitan trabajar y que son quienes no forman parte ni son representados por los grupos de presión que lamentablemente hoy parecen pesar más que el sentido común y la racionalidad económica.