Venta de sanitarias

La decisión del gobierno de Sebastián Piñera de explorar caminos para en el lapso de seis a nueve meses enajenar la participación no controladora que hoy tiene el Estado en cuatro empresas sanitarias constituye una noticia que, por los detalles que se han conocido, desborda los márgenes de las medidas anunciadas en su momento para financiar la reconstrucción del país tras el terremoto de febrero.



En efecto, el ministro de Economía ha afirmado que los recursos que se recauden se destinarán a fortalecer la acción gubernamental en materia de emprendimiento, apoyo a las pequeñas y medianas empresas a través de Corfo y a solventar proyectos que se estiman fundamentales en el devenir de empresas y reparticiones como Codelco, EFE, Enap y Metro. Todos esos objetivos no tienen relación directa con necesidades derivadas del terremoto, aunque sí indirectamente podrían tener algunos alcances acotados. Se trata, como se ve, de una decisión que en su minuto se incluyó en el menú de opciones financieras para la reconstrucción, pero que hoy trasciende ese contexto de excepción y se inscribe como una medida con significado político. Este es uno de los alcances más relevantes del anuncio gubernamental, más allá de la cuantía de los recursos involucrados, que por cierto son importantes, ya que las participaciones estatales como un todo se avalúan en torno a los US$ 1.600 millones.

Es por lo mismo que la reacción política no se hizo esperar, en especial desde la oposición, donde incluso uno de los grandes impulsores del traspaso a manos privadas de parte de la propiedad de las sanitarias, como es el caso del entonces presidente Frei, ha reaccionado airado en contra del anuncio. Una de sus críticas apunta a que desprenderse de un activo como éste, que genera un flujo anual al Estado entre US$ 100 millones y US$ 150 millones, desfinanciaría programas relevantes que impulsa Corfo. No deja de llamar la atención la naturaleza del reparo, ya que es bien sabido que el precio de los activos en un mercado competitivo y transparente refleja el valor presente de los flujos futuros que produce el citado activo, de modo que los recursos que se recauden con su venta implícitamente anulan ese supuesto problema.

Del mismo modo, y en lo que respecta a la gestión de los recursos, disponer de éstos en parcialidades o de una sola vez para solventar proyectos sí puede hacer diferencia. Si los planes en que se aplicarán los fondos recaudados presentan tasas de rentabilidad económica o social atractivas, proceder hacia su uso eficiente más que un capricho, es una obligación política.