La Universidad de Antofagasta inició un proceso de ajuste de su dotación como parte de las medidas adoptadas para enfrentar su compleja situación financiera. La decisión fue comunicada a la comunidad universitaria por la Vicerrectoría Económica, luego de ser informada al Consejo Universitario. Según antecedentes conocidos durante los últimos días, cerca de 50 personas habrían sido desvinculadas en una primera etapa y el ajuste podría seguir durante los próximos meses.
Consultada por DF Regiones, la universidad precisó que los trabajadores desvinculados tenían menos de dos años de antigüedad en la institución y que no correspondían a cargos de confianza.
La medida forma parte de las primeras decisiones adoptadas durante la gestión del nuevo rector de la UA, Pablo Camus, quien asumió el cargo el 21 de agosto.
Recuperar el equilibrio
El comunicado interno, fechado el 31 de agosto, señala que la reducción de la dotación responde exclusivamente a las necesidades financieras de la institución y no constituye una evaluación del desempeño de los trabajadores.
La universidad aseguró que el proceso busca sanear sus finanzas, cumplir sus compromisos y sostener sus actividades académicas.
El vicerrector económico, Luis Varela, sostuvo que las medidas responden a una necesidad institucional y económica y que el proceso se está enfrentando con transparencia, debido a su impacto en las personas. “Nuestro objetivo es recuperar el equilibrio económico, asegurar el cumplimiento de nuestros compromisos y fortalecer la sostenibilidad de la Universidad”, afirmó.
La UA afirmó que las clases y demás actividades académicas continúan con normalidad, junto con sus procesos institucionales y de acreditación.
Déficit financiero
Los problemas económicos de la casa de estudios se arrastran desde hace varios años. En junio de 2025, la Superintendencia de Educación Superior estimó que la universidad cerraría ese año con un déficit de $ 8.279 millones.
El exrector Marcos Cikutovic cifró a comienzos de agosto en $ 28.500 millones el déficit financiero que acumulaba la institución. Según explicó entonces, la administración consolidó la deuda con la banca para pagarla mensualmente mediante cuotas de capital a 15 años, sin contar con aval del Estado. La anterior rectoría también planteó la necesidad de convertir esa obligación financiera en una deuda respaldada por el Estado, con el objetivo de obtener mejores condiciones de pago.