En medio de las recientes tensiones con Argentina por la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes, el diputado de la Bancada del Partido de la Gente (PDG), Alex Nahuelquin, ingresó una serie de oficios dirigidos a distintas autoridades del Ejecutivo para esclarecer las condiciones bajo las cuales se realizaría la eventual venta a privados de islas fiscales en el extremo sur del país.
La preocupación del parlamentario se concentra en la Isla Arturo (2,71 hectáreas) y la Isla Sin Nombre (2,11 hectáreas), ambas emplazadas en la comuna de Timaukel, provincia de Tierra del Fuego. Este territorio, comprendido dentro de una zona fronteriza, es considerado estratégico desde el punto de vista de la soberanía nacional y fue recientemente incorporado por el Ministerio de Bienes Nacionales a su cartera de futuras licitaciones para desarrollo turístico.
Soberanía y control de capitales
A través de los requerimientos dirigidos a los ministerios de Bienes Nacionales, Interior, Defensa y Relaciones Exteriores (mediante Difrol), el legislador pidió informar detalladamente el procedimiento de licitación y los mecanismos de control sobre los eventuales compradores.
Nahuelquin recordó que el artículo 7 del Decreto Ley N° 1.939 establece restricciones explícitas para la adquisición de inmuebles ubicados en zonas fronterizas por parte de nacionales de países limítrofes. “Estamos hablando de territorios fronterizos y por eso necesitamos total claridad. Queremos saber quiénes podrán participar, cómo se controlará la nacionalidad de los compradores o sociedades, qué intervención tendrá Difrol y qué resguardos adoptará el Estado antes de desprenderse de estos bienes”, planteó.
¿Inversión turística o especulación?
Junto con las aprensiones geopolíticas, desde la diputación levantaron una duda económica clave para la zona: la viabilidad real de levantar proyectos turísticos en terrenos aislados.
Casos recientes en el mercado de islas privadas del sur austral, como Isla Huemules o Isla Florencia en la Región de Aysén, evidencian que estos bienes se transan en estado completamente virgen, sin urbanización ni servicios básicos. Quien se adjudique los predios en Tierra del Fuego deberá asumir un alto costo de capital (CapEx) para instalar agua potable, energía autónoma y muelles desde cero, operando una logística completamente acuática.
Por ello, la interrogante apunta si las bases de la licitación exigiran planes de inversión reales y plazos de ejecución, o si, ante los prohibitivos costos de construcción, el proceso derivará en compras pasivas para mera especulación inmobiliaria, sin generar ni desarrollo ni en empleo en Timaukel.
“En momentos en que nuevamente estamos hablando de la necesidad de proteger nuestras fronteras y ejercer soberanía efectiva sobre nuestros territorios, el Estado debe entregar garantías claras antes de avanzar en la venta de terrenos fiscales ubicados en zonas estratégicas del país”, concluyó Nahuelquin.
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