VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteRegulación de servicios públicos: la lección inglesa
Eduardo Bitran, Académico Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI, Director Espacio Público
Eduardo Bitran
Chile, junto con Inglaterra, fue uno de los primeros países en privatizar servicios de utilidad pública con características de monopolio natural, entre ellos los servicios sanitarios y de distribución eléctrica. Ambos países optaron por un modelo de “regulación por incentivos”, basado en la fijación de precios máximos por períodos de entre cuatro y ocho años, permitiendo que las empresas reguladas capturaran las ganancias por mejoras de eficiencia en procesos tarifarios.
Con el tiempo, ambos modelos han seguido trayectorias distintas. Mientras el esquema inglés ha evolucionado para incorporar metas explícitas de calidad de servicio e incentivos a la innovación, el modelo chileno -tanto en el sector sanitario, como en distribución eléctrica- se ha mantenido prácticamente inalterado. Ello, pese a la creciente evidencia de que los incentivos actuales son insuficientes para promover mejoras sostenidas en calidad, resiliencia e innovación tecnológica.
En Inglaterra, los precios máximos se establecieron inicialmente al nivel heredado de las empresas estatales, ajustándose gradualmente por inflación y por los aumentos esperados de productividad del sector. Posteriormente, se incrementaron para financiar inversiones orientadas a elevar los estándares de servicio. En Chile, en cambio, cada cuatro o cinco años se construye una “empresa modelo eficiente” que parte de cero, con activos valorizados a costo de reposición nuevo, aun cuando muchos fueron invertidos hace décadas.
En ambos sistemas, el principal desafío regulatorio es la asimetría de información sobre los costos eficientes y las decisiones del regulado. La diferencia es que el regulador inglés ha recurrido sistemáticamente a mecanismos de competencia comparada entre monopolios locales, apoyados en una contabilidad regulatoria sofisticada, reduciendo así dicha asimetría. El diseño chileno genera distorsiones relevantes. Al reconstruirse desde cero la empresa modelo, activos antiguos que ya no tienen costo de oportunidad reciben una remuneración con plusvalía en cada fijación de tarifas.
En sentido contrario, las empresas asumen el riesgo de cambios tecnológicos que reduzcan los costos, dejando obsoletas las inversiones realizadas, lo que impide su recuperación.
La experiencia inglesa muestra una alternativa: han evolucionado a un esquema de “Regulación en base a activos”, que reduce el riesgo de expropiación regulatoria y valora los activos antiguos a costo histórico neto de depreciaciones, evitando pagar varias veces por el mismo activo. Recientemente, el modelo ha evolucionado hacia resultados con incentivos explícitos a la resiliencia, a la confiabilidad y calidad de servicio. Así, se evitan rentas injustificadas y se promueve un mayor dinamismo sectorial.
Actualizar el modelo regulatorio chileno es una condición necesaria para asegurar servicios públicos de mejor calidad, resilientes al cambio climático y capaces de adaptarse a un entorno de transformación tecnológica acelerada, en beneficio de los usuarios y del desarrollo económico de largo plazo.
