El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que, luego de que se cayera la emergencia económica, se aplicará un nuevo recorte de US$ 3.787 millones como parte del ajuste fiscal anunciado. “Hemos hecho dos recortes presupuestales: uno por 12 billones de pesos colombianos y otro por 16 billones de pesos colombianos”, señaló el mandatario, destacando que estos ajustes suman 44 billones de pesos colombianos corrientes del Gobierno.
El presidente cuestionó la gestión de anteriores administraciones y del Congreso, señalando que gran parte del déficit fiscal se explica por gastos considerados innecesarios y decisiones de política tributaria, como el subsidio a la gasolina heredado del Gobierno Duque y mantenido por Ocampo, que asciende a 70 billones de pesos colombianos, así como pagos de endeudamiento de corto plazo con el FMI (16 billones de pesos colombianos) y opciones preferenciales de energía (6 billones de pesos colombianos).
Petro criticó también la intervención de la Corte Constitucional, que permitió la deducibilidad de regalías en empresas de carbón y petróleo, y cuestionó medidas tributarias de años anteriores que, según él, desfinanciaron el presupuesto y favorecieron a sectores económicos poderosos. “Los recortes los hemos hecho, pero no superan la insana política económica de Banco, la Corte y Restrepo y Ocampo”, dijo el mandatario.
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En su trino, el Presidente también culpó al Banco de la República por haber aumentado 100 puntos básicos en la tasa de interés y haberla ubicado en 10,25%, después de que los tipos se mantuvieron en 9,25% por ocho meses. Aseguró que la deuda seguirá creciendo por la elevación de estas tasas, lo que "puede desatar la ansiedad del capital especulador, aumentando más el costo de endeudarse para pagar la deuda; al disminuir la ganancia del capital productivo, y al disminuir el empleo, se puede presentar una crisis del trabajo productivo y de la economía, impulsada por la tasa de interés y el capital especulativo, crisis que comienza en los bancos".
El Gobierno, añadió Petro, buscará que los recortes no afecten el gasto social, la inversión pública ni los programas de seguridad y defensa. También señaló que las políticas de endeudamiento deberán privilegiar deuda más barata y la reducción de inversiones deberá orientarse de manera que no genere vulnerabilidad económica.
Finalmente, el presidente indicó que la tendencia recesionista solo podrá revertirse con decisiones políticas de la ciudadanía, a través de la elección de un nuevo Congreso y la posible convocatoria a una Constituyente que garantice derechos fundamentales en educación, salud y pensiones.
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¿Por qué?
El 16 de octubre del año pasado, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026 en 546,9 billones de pesos colombianos, el más alto del Gobierno Petro y de la historia reciente. No obstante, el Ministerio de Hacienda confirmó que, para consolidar su programa y cubrir los gastos que necesitaría el país este año, todavía se debía aprobar la reforma tributaria con la que se buscaba recaudar 16,3 billones de pesos colombianos.
Esta jugada no le salió bien al Ejecutivo y, posteriormente, el 22 de diciembre, la Comisión Cuarta del Senado votó negativamente la ponencia de la tributaria. Esto implicó que el PNG 2026 ya no iría por 546,9 billones de pesos colombianos, sino por 530,6 billones de pesos colombianos, pues estaba desfinanciado por el monto que se estaba discutiendo.
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Ante ese panorama, el mismo día en horas de la noche, el Gobierno expidió el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que pretendían buscar recursos para financiar parte del PGN y aliviar las presiones fiscales con las que lidia la Nación. En el marco de esa emergencia que cumplió su término de 30 días, el Ejecutivo expidió otros decretos con los que puso nuevos topes al impuesto al patrimonio, IVA de 19% sobre licores y tabaco, una sobretasa de 15% al sistema financiero y otros recargos parafiscales al sector energético.
Pese a que durante ese periodo, el Gobierno recaudó algunos recursos, el pasado 29 de enero, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente los efectos de la emergencia económica y de los demás decretos expedidos mientras se mantuvo en firme, con una votación de seis magistrados a favor de la ponencia de Carlos Camargo y dos en contra.
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