Los legisladores de Venezuela aprobaron este jueves, en votación final, una profunda reforma de la principal ley petrolera del país sudamericano tras modificar la propuesta de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para reducir impuestos, ampliar el poder de decisión del Ministerio de Hidrocarburos, otorgar autonomía a los productores privados y posibilitar la transferencia de activos y la subcontratación de servicios.
Se espera que los cambios impulsen los tan necesarios aumentos en la producción de petróleo y gas, así como la inversión extranjera, tras el plan de reconstrucción de US$ 100.000 millones para la industria propuesto este mes por el Presidente estadounidense Donald Trump luego del derrocamiento de Nicolás Maduro.
La acelerada reforma de la columna vertebral de la industria petrolera del país se produce después de 20 años de estricta nacionalización y expropiación de activos que anteriormente pertenecían a empresas extranjeras, incluidas las gigantes estadounidenses Exxon Mobil y ConocoPhillips, que no han sido completamente compensadas tras años de arbitrajes y demandas.
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"Hemos logrado la aprobación por unanimidad de una reforma de la Ley de Hidrocarburos que va a permitir hacer mucho más competitivo la contratación de empresas nacionales o extranjeras para la explotación de ese recurso que se encuentra en las más grandes reservas del planeta", dijo el presidente del Parlamento de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez.
Más tarde, la Presidenta encargada firmó la ley en un actividad en la casa de Gobierno donde participaron diputados y trabajadores petroleros.
"De qué sirven las reservas más grandes de petróleo del planeta, si no las podemos convertir en salario, en hospitales (...) Esta ley nos permite el verdadero salto histórico, cuantitativo, que se convierta en la felicidad más grande del planeta", agregó Delcy Rodríguez.
Tal como lo prometieron funcionarios estadounidenses, la administración de Trump flexibilizó las sanciones a la industria energética venezolana relacionadas con sus exportaciones de petróleo mediante una licencia general y luego que se anunciara la aprobación de la reforma.
El Departamento del Tesoro emitió una licencia general que autoriza las transacciones que involucran al gobierno de Venezuela y la estatal Pdvsa que son "ordinariamente incidentales y necesarias para el levantamiento, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano, incluida la refinación de dicho petróleo, por una entidad estadounidense establecida".
La propuesta de reforma fue presentada, discutida y aprobada en menos de dos semanas, en medio de las afirmaciones de Trump de que controlaría los ingresos petroleros de Venezuela indefinidamente.
Muchos potenciales inversionistas petroleros consideran la reforma "suficientemente buena" para incentivar la inversión inicial y recuperar la debilitada industria del país miembro de la OPEP, mientras que exfuncionarios venezolanos la han calificado de inconstitucional.
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La nueva ley permitirá a los productores privados operar sus proyectos bajo nuevos contratos petroleros o en empresas mixtas, incluso si son accionistas minoritarios. De esa forma ganan autonomía para comercializar la producción y los ingresos en efectivo fuera del control de la empresa estatal PDVSA, lo que satisface las antiguas solicitudes que han hecho por años las empresas energéticas del país.
La reforma también formaliza un modelo de producción petrolera compartida, introducido inicialmente por Maduro y negociado con empresas energéticas poco conocidas. Políticos y expertos han advertido sobre el secretismo de estos y el potencial de corrupción debido a su laxa regulación.
Los cambios al texto, añadidos en los últimos días, sentaron las bases para reducir el impuesto sobre la renta para proyectos energéticos y eliminan una serie de impuestos adicionales.
Sin embargo, se introdujo un nuevo "impuesto a los hidrocarburos", pendiente por ser regulado en una legislación separada, lo que pone en duda la intención de Caracas de reducir realmente la participación del gobierno, una de las más altas de América Latina.
Las propuestas presentadas a último momento por legisladores de la oposición para otorgar transparencia, limitar las facultades del ministerio y mantener la facultad de aprobación de la Asamblea Nacional para los contratos petroleros fueron rechazadas.
La Comisión de Energía de la legislatura recibió unas 120 propuestas para modificar la ley, según el legislador Orlando Camacho, aliado del gobierno. La elección el año pasado de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el gobierno, no fue aprobada por Estados Unidos, en un rechazo similar al de otros procesos electorales en el país, con escasa participación y falta de observación internacional.
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Más flexibilidad
Recientemente se añadió a la reforma la posibilidad de transferir activos petroleros que actualmente son propiedad y están operados por Pdvsa, y de externalizar la operación de yacimientos petrolíferos bajo el nuevo modelo contractual.
Se espera que estos contratos de producción compartida se firmen mientras el gobierno realiza una "evaluación" durante los próximos seis meses de docenas de empresas mixtas de petróleo y gas controladas por PDVSA, el modelo que ha dominado la industria desde la aprobación de la anterior ley de hidrocarburos en 2001.
La Asamblea Nacional perdió su anterior autoridad para aprobar contratos, y el Ministerio de Petróleo -actualmente también controlado por la mandataria encargada- asumió casi toda la facultad para firmar contratos y aprobar cualquier cambio en sus términos, incluyendo impuestos y regalías.
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