Una reforma propuesta a la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela permitiría a empresas extranjeras y locales operar yacimientos petrolíferos mediante un nuevo modelo, comercializar la producción y recibir el producto de las ventas, incluso siendo socios minoritarios de PDVSA, mostraron borradores.
La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó la semana pasada a la Asamblea Nacional la propuesta de reforma, que se espera modifique profundamente la columna vertebral de la industria petrolera del país al modificar la histórica ley petrolera de Hugo Chávez.
Está previsto que los legisladores inicien su debate este jueves, tras un acuerdo de suministro de petróleo de 50 millones de barriles entre Caracas y Washington tras la destitución del Presidente Nicolás Maduro.
Para su aprobación, el proyecto requiere de dos debates y, en medio de ellos, una consulta pública con diversos sectores.
Ejecutivos petroleros y posibles inversores exigen autonomía para producir, exportar y cobrar el producto de las ventas en el país tras las nacionalizaciones y expropiaciones de activos llevadas a cabo por Chávez hace dos décadas.
Algunos expertos han señalado que el nuevo modelo contractual propuesto por Rodríguez, que permite a las empresas producir y exportar de forma independiente mediante contratos con PDVSA, es contrario al modelo de empresa mixta en el que se basa la Ley de Hidrocarburos.
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Esos contratos, impulsados por Maduro con poco éxito y nunca divulgados públicamente, propiciaron la entrada de pequeños operadores a los yacimientos petroleros venezolanos en los últimos años.
"La empresa operadora asume la gestión integral a su propio costo y riesgo. En este modelo, el Estado no adquiere deudas y la retribución de la operadora consiste en una participación porcentual sobre los volúmenes (de producción) fiscalizados", indica el texto de la reforma propuesta al referirse a la incorporación del modelo de contrato de producción compartida.
La propuesta permitiría al gobierno ajustar las regalías hasta el 15% para proyectos especiales que requieran grandes inversiones y que antes era de 33%. También incluye la posibilidad de recurrir a arbitraje independiente para resolver controversias.
El proyecto también añade la posibilidad de recurrir a un arbitraje independiente para resolver controversias, una solicitud de larga data de las empresas extranjeras tras desacuerdos y demandas judiciales para reclamar una compensación por los activos expropiados en Venezuela.
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