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Alto contrasteSector eléctrico: entre el ajuste técnico y la incertidumbre regulatoria
Humberto Verdejo, académico USACH
Durante los últimos meses, la agenda energética ha estado marcada por diversas coyunturas asociadas a errores tarifarios que han afectado a los segmentos de generación y transmisión. Sin embargo, en los últimos días el foco se ha trasladado con fuerza al segmento de distribución, tanto por el proceso de reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD), como por las discrepancias manifestadas por las empresas respecto del segundo Informe Técnico Preliminar del proceso tarifario 2024-2028.
“De no corregirse las deficiencias en los informes técnicos que sustentan el proceso tarifario, el problema no será solo para las empresas, sino también para las inversiones, la calidad del servicio y el usuario final”.
Lo que debiera ser un ejercicio técnico destinado a asegurar redes eficientes, seguras y financieramente sostenibles, hoy muestra señales de fragilidad metodológica y de creciente incertidumbre regulatoria. Si los informes técnicos que sustentan este proceso no logran corregir sus deficiencias, el problema no será solo para las empresas, sino también para las inversiones, la calidad del servicio y, en última instancia, para el usuario final.
La elaboración del segundo Informe Técnico Preliminar por parte de la Comisión Nacional de Energía no constituye una mejora sustantiva respecto del informe anterior ni logra corregir las deficiencias estructurales del proceso. Por el contrario, su emisión confirma que los problemas identificados en la primera versión no fueron abordados de manera adecuada y que persisten inconsistencias relevantes en la forma en que se modela y representa la realidad operacional de la industria de distribución.
Si bien el segundo informe incorpora nuevos antecedentes y ajustes metodológicos, estos resultan insuficientes para reflejar la complejidad técnica, económica y operativa de las redes. Variables críticas asociadas a la gestión de emergencias, resiliencia frente a eventos climáticos extremos, control de vegetación, pérdidas no técnicas y crecientes exigencias regulatorias continúan siendo tratadas de forma parcial, generando una brecha entre el modelo tarifario propuesto y los costos efectivamente enfrentados por las empresas.
A esta incertidumbre técnica se sumó la discusión sobre el mecanismo de pago de la deuda acumulada por el retraso del decreto tarifario del VAD 2020-2024, la que supera los US$ 850 millones.
En una primera etapa, se propuso saldar esta deuda mediante un cargo fijo mensual por hogar durante cuatro años, distribuyendo el monto de manera solidaria entre todos los usuarios, lo que introducía distorsiones relevantes y subsidios cruzados regresivos.
Afortunadamente, la autoridad corrigió esta propuesta y avanzó hacia un esquema más consistente, en el cual el pago de la deuda asociada a la reliquidación se realizará mediante un cargo único calculado en función del consumo mensual de energía de cada cliente.Este mecanismo es más coherente con la estructura tarifaria vigente y evita que usuarios con consumos muy distintos enfrenten cargos i guales, reduciendo las distorsiones y mejorando la equidad del sistema.
El problema de fondo, sin embargo, trasciende el diseño puntual de estos mecanismos. Lo que está en juego es la necesidad de restablecer un marco regulatorio coherente, estable y alineado con la realidad técnica y económica del sector. Si los informes del proceso VAD 2024-2028 no corrigen sus deficiencias metodológicas, se pondrán en riesgo las inversiones necesarias para mantener y expandir las redes, comprometiendo la calidad y la seguridad del suministro eléctrico. Como ha ocurrido en otras ocasiones, los efectos finales de estas decisiones terminarán recayendo directamente en los usuarios.
