La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció esta semana que puso en consulta pública, hasta el 27 de septiembre, una propuesta que modifica las Normas de Carácter General (NCG) N° 30 y N° 461 para perfeccionar las instrucciones referidas a la memoria anual integrada.
La NCG 461, emitida en noviembre de 2021, incorporó exigencias de información de sostenibilidad y gobierno corporativo en las memorias de las entidades supervisadas, para que los inversionistas y el público pudieran distinguir a las empresas mejor preparadas para identificar, cuantificar y gestionar sus riesgos.
Las modificaciones se agrupan en cuatro áreas. La primera hace referencia a que la información reportada sea útil, consistente y comparable, local e internacionalmente.
“El cambio normativo es un avance, pero es crucial avanzar hacia la verificación independiente. La rigurosidad en la información es esencial para la transparencia”, dijo Gabriel Acuña, de Deloitte.
Por eso, “en la propuesta se hace una expresa referencia a que las normas NIIF del International Sustainability Standards Board (ISSB) de IFRS son el estándar internacional de referencia para al reporte de información material sobre sostenibilidad”, dijo la CMF en un comunicado. Subrayó, además, que “no existen diferencias significativas de fondo y en la mayor parte de los casos dan mayor claridad a los requerimientos”. No obstante, para atenuar los costos del cambio, se extendió el plazo para cumplir los lineamientos del ISSB (NIIF S1 y S2), al ejercicio 2026, que se reporta en 2027.
La segunda modificación tiene que ver con la flexibilidad, porque extiende en un año el plazo de implementación para los emisores de valores que todavía no han reportado conforme a la NGC 461 y excluye del reporte de la memoria integrada a las organizaciones cuyo total de activos consolidados, en promedio de los últimos dos años, no supere UF 1 millón.
Un tercer ámbito sujeto a cambios es la diversidad e inclusión en los directorios. “Se incorpora una nueva obligación que consisten en que las empresas deban hacer expresa mención en la memoria a la existencia de políticas en materia de cuotas de género en los directorios y a comités de nominaciones que apoyen el proceso de elección de directores de ambos sexos por parte de los accionistas”, consignó el documento.
Por último, la propuesta consideró ajustes en materias como la adhesión a códigos de gobierno corporativo; adaptabilidad laboral; y acoso laboral y sexual.
Reacción de expertos
El líder de sostenibilidad de Deloitte, Gabriel Acuña, aseguró a DF que la modificación “es un gran avance hacia la estandarización y coherencia” y resaltó que la proporcionalidad “evita que estos requerimientos sean una barrera de entrada al mercado de valores”.
Sin embargo, advirtió que “no incluir un requerimiento explícito de análisis de materialidad podría representar una oportunidad no aprovechada para hacer reportes más útiles, precisos y breves”.
“El cambio normativo es un avance, pero es crucial avanzar hacia la verificación independiente. La rigurosidad en la información de sostenibilidad es esencial para la transparencia y el desarrollo robusto de los mercados. Sin una verificación independiente, pueden existir problemas de credibilidad”, apuntó.
Por su parte, la senior manager de assurance ESG de PwC Chile, María Ignacia García, valoró que la propuesta calme las dudas sobre la aplicación de las nuevas normas IFRS a nivel local, y destacó que el proyecto “pone sobre la mesa el tema de la verificación externa, que es algo poco común a nivel nacional”.
Eso sí, puntualizó que “el proyecto de ley de cuotas avanza en paralelo y es una idea que ha suscitado controversias. Es importante destacar que para efectos de esta norma, se trata de un requerimiento de divulgación, al igual que el resto de las materias que se piden”.
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