Una quinta parte de las personas en edad de trabajar sufre una enfermedad mental, algo que afectará en algún momento de su vida a la mitad de la población, según un informe publicado hoy por la OCDE.
Esa elevada prevalencia es la que explica que, más allá del sufrimiento individual, las enfermedades mentales tienen un elevado costo económico, destacó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se basa en los análisis de casos de nueve países miembros y otros trabajos realizados desde 2012.
Además, considera que la estimación de otro estudio de la Unión Europea de 2010, que cuantificaba ese costo en un 3,5 % del Producto Interior Bruto (PIB), es "conservadora" por dos razones principales.
La primera es que no se integraba el impacto de las enfermedades derivadas del abuso de sustancias estupefacientes y la segunda que los únicos costos indirectos que se tenían en cuenta en el cálculo eran los de subsidios por enfermedad y minusvalías.
Es decir, que no se incluyen los gastos generados por la enfermedad mental más allá del terreno de la sanidad, y tampoco los efectos en términos de pérdida de productividad que tienen los enfermos mentales sobre las personas que trabajan con ellas.
Los autores del informe recuerdan que la mayor parte de las personas con problemas mentales trabajan, un porcentaje que se sitúa en el 50 % en el caso de los que tienen "disfunciones severas".
No obstante, la fractura en la tasa de actividad entre los que sufren ese tipo de enfermedades y los que no varía del 10-15 % en el caso de problemas leves al 25-30 % en los más graves, una fractura que se había acrecentado antes de la crisis financiera, de la que todavía no se conocen las consecuencias.
En la práctica, los que tienen una enfermedad mental de suave a moderada se exponen a un riesgo doble de estar en paro en el mundo desarrollado. Y la tasa de desempleo de quienes sufren un grado severo puede ser cuatro o cinco veces superior al de las personas sanas.
Para hacer frente a esta situación, la OCDE aboga por hacer del problema de la salud mental una prioridad para las partes implicadas en el mundo laboral, en el sistema sanitario y en todas las políticas sociales, incluidas las de desempleo y minusvalía.
Eso implica, en primer lugar, una intervención temprana desde el momento en que la enfermedad mental afecta negativamente a la educación y a la transición al empleo.
En la actualidad -advierte la organización- con demasiada frecuencia sólo se empieza a actuar cuando el individuo enfermo lleva años alejado del mercado laboral.
"Cualquier acción en la escuela o en el lugar de trabajo tendrá un impacto mejor y más duradero que esperar hasta que la gente haya abandonado el sistema educativo o el mercado de trabajo", argumenta.
Otro punto importante es llevar a cabo una política coordinada frente a los movimientos aislados en el terreno del empleo, de la salud o de la educación.
"Una oferta de servicios integrados ofrece resultados significativamente mejores y más rápidos", según la OCDE, que pide también una implicación que vaya más allá de los especialistas de la salud mental.
Eso parte de la constatación de que profesores, empresarios, supervisores o trabajadores de los servicios del empleo son los mejor situados para identificar los problemas y recurrir a profesionales cuando sea necesario.
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