Hasta el próximo martes 27 de febrero los actores del mundo del campo podrán opinar sobre el anteproyecto del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del sector Silvoagropecuario 2024-2028 (Pancc sap), que está impulsando el Gobierno.
El documento fue elaborado entre 2020 y 2023 por el Ministerio de Agricultura de Chile (Minagri) con el apoyo del Fondo Verde para el Clima (FVC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), siguiendo las directrices definidas por la Convención Marco de Cambio Climático.
La directora (S) de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Daniela Acuña, invitó a participar de la consulta pública, considerando que al igual que en otros países del mundo, en Chile uno de los sectores productivos más vulnerables a los efectos del cambio climático, es el rubro agrícola.
Esta mayor vulnerabilidad, según comunicó la entidad, no solo está determinada porque los efectos del fenómeno podrían tener implicancias severas en la seguridad alimentaria nacional, sino también porque a este segmento económico se vinculan social, cultural y productivamente grupos poblacionales ampliamente reconocidos por su mayor fragilidad, como son la agricultura familiar campesina, las mujeres rurales y los pueblos originarios.
El plan aborda cinco dimensiones estratégicas (recursos hídricos, manejos técnico-productivos y tecnologías, información y gestión de riesgos, infraestructura y equipamiento, y ecosistemas naturales) e incluye la implementación de condiciones habilitantes para dar sostenibilidad al proceso, además de haber sido construido directamente con los representantes locales del sector silvoagropecuario, mujeres y pueblos originarios, protagonistas de la actual crisis climática.
Costo beneficio
El llamado Pancc sap, a ser implementado entre 2024 y 2028, está integrado por 12 medidas y 63 acciones de adaptación de alcance nacional, pero expresión territorial. Con esto se busca entregar respuestas concretas a problemáticas que, si bien pueden ser de carácter nacional, se presentan de manera diferenciada en cada zona y, por lo tanto, requieren un abordaje distinto.
Se estima que el costo promedio anual para su implementación alcanza los US$ 89 millones, equivalente al 0,035% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 1,21% del PIB silvoagropecuario, mientras que el costo de la inacción, entendido como el beneficio económico total disponible de ser capturado mediante las distintas opciones de adaptación, al año 2050, es del orden de los US$ 1.000 millones.
Finalmente, incluye un sistema de monitoreo y evaluación en línea, integrado por indicadores de proceso e indicadores de resultados, que permitirá hacer seguimiento a su implementación y, al finalizar la implementación, evaluar los impactos alcanzados a través de la medición de la variación en la vulnerabilidad de los productores silvoagropecuarios del país, mediante la utilización de un índice de Vulnerabilidad construido especialmente para el plan.
Estas medidas se enmarcan en los ocho lineamientos estratégicos definidos por el Ministerio de Agricultura: (i) Desarrollo rural y buen vivir; (ii) Fortalecimiento de la agricultura familiar campesina (AFC); (iii) Agua y emergencia climática; (iv) Sustentabilidad; (v) Seguridad y soberanía alimentaria; (vi) Desarrollo forestal; (vii) Competitividad en base a la innovación, desarrollo y transferencia tecnológica; y (viii) Cooperación internacional y comercio exterior.
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