La ley de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente promulgada por el Presidente Gabriel Boric el pasado 7 de agosto sigue generando eco en el mundo empresarial.
Un 66% del panel de negocios que forma parte del Índice de Confianza Económica realizado por Deloitte y Cadem, se mostró en desacuerdo con la nueva legislación, mientras solo un 15% se declaró a favor y un 19% declinó responder.
“El alto nivel de desacuerdo se debe principalmente a la preocupación que surge de la falta de claridad en muchos aspectos que dan amplio espacio a la interpretación y por ende genera un alto grado de incertidumbre”, expresa Ximena Alzérreca, directora de AFP Habitat y Abastible y una de las 59 personas que integran el grupo de representantes del mundo privado.
“A veces el remedio termina siendo peor que la enfermedad”, dice Roberto Izikson, gerente general de Cadem, sobre la legislación.
El gerente general de Cadem, Roberto Izikson, sostiene que “a veces el remedio termina siendo peor que la enfermedad”.
Esto, agrega el ejercutivo, porque se “advierten problemas en la nueva normativa, como la ambigüedad en la definición de nuevas figuras delictivas y la desproporción entre las penas asociadas a delitos económicos y el resto de los ilícitos, que a juicio del empresariado pueden perjudicar la actividad económica”.
En esa línea, un 66% de quienes opinaron en este ocasión calificó la legislación como “insuficiente”.
La mayoría de los panelistas, además, asumió que hubo un daño reputacional para el mundo empresarial en la decisión del Tribunal Constitucional (TC) al no considerar el “téngase presente” presentado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para advertir lo que consideran problemas de la ley y visara la nueva norma.
“Es entendible que existan actores que no estén de acuerdo en la forma y fondo de la iniciativa de la CPC, o que no concuerden con la oportunidad. Es decir, el haber acudido al Tribunal Constitucional en vez de haber tenido un rol más activo en la discusión parlamentaria”, afirma el socio de financial advisory en Deloitte, Pedro Trevisan.
Todos con el Central
Otro tema que abordó la medición Deloitte-Cadem fue el proceso de recorte de la Tasa de Política Monetaria (TPM) que inició recientemente el Banco Central.
Sobre esto, el 75% del panel de negocios manifestó que la TPM debe bajar gradualmente, ya que la inflación aún no está controlada. Un 23% se la juega porque debe hacerlo rápidamente, ya que la inflación está controlada y la actividad económica muy débil.
Pese a los matices, el panel en su totalidad aprueba la labor de la entidad en esta materia.
Sobre la situación económica del país, un 43% responde que es mala o muy mala. Este número se redujo significativamente en comparación al sondeo anterior, el cual registraba un total del 60% en terreno pesimista. En seis meses, un 26% apuesta por que mejorará, en circunstancias que en junio, solo un 18% lo creía.
¿Y la opinión pública?
Un 62% del panel de opinión pública evalúa como mala o muy mala la situación económica actual en Chile. En seis meses, un 60% cree que empeorará. Sobre la economía personal y de su familia, son más los encuestados que creen que es buena versus lo que no (50% y 41%, respectivamente).
En cuanto al mercado laboral, un 73% dice que la situación de empleo en el país es mala o muy mala. En una proyección de seis meses, un 59% cree que será peor.
Sobre la confianza empresarial, el sondeo mide seis variables. En junio, se anotaron alzas en todas las categorías. Un 79% confía en las PYME, 77% en la compañía para la que trabaja y baja a 68% cuando se pregunta en particular por el dueño de la empresa.
Un 59% confía en las empresas en general, subiendo cinco puntos en comparación a junio, y un 53% en las grandes empresas.
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