Siguen las definiciones en las siete comisiones de la Convención Constitucional que ya trabajan en particular los articulados de sus respectivas áreas temáticas y que en el caso de la comisión de Derechos Fundamentales, aprobó el artículo 18 que se refiere a "la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas".
La instancia resolvió proponer al pleno un articulado que señala que "la Constitución asegura a todas las personas naturales y jurídicas la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio deberá ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución, la protección de la naturaleza y con el interés general".
También hace referencia a las PYME al indicar que "el contenido y los límites de este derecho serán determinados por las leyes que regulen su ejercicio, las que deberán promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño y asegurarán la protección de los consumidores".
Plantea que "las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica, así como de concentraciones empresariales que afecten o puedan afectar el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados y el bienestar de las y los consumidores y usuarios y usuarias, se entenderán como conductas contrarias al interés social. La ley establecerá las sanciones a los responsables y su obligación de reparación integral".
Sobre la definición de libertad de emprender y desarrollar actividades económicas, señala que "implica también reconocer las formas y prácticas productivas que desarrollen los pueblos y naciones indígenas de acuerdo a su propio modo de entender el desarrollo, considerando sus prioridades y necesidades".
Y agrega que "el ejercicio de esta libertad siempre deberá respetar, proteger y salvaguardar la identidad cultural de dichos pueblos, sus manifestaciones identitarias, patrimonio material e inmaterial y todo cuanto ponga en riesgo su existencia y continuidad como pueblos indígenas".
El último inciso aprobado en este artículo apunta a que "la actividad económica del Estado estará siempre sujeta a criterios de control, transparencia y probidad, los que determinará la ley".
Durante el debate se rechazaron diversas indicaciones, entre las que se cuenta una que busca regular precios en determinados casos.
En este mismo tema, la comisión de Medioambiente y Modelo Económico debe votar en particular una propuesta que también busca regular precios de determinados sectores.
Desde la Asech valoraron lo aprobado y destacaron que "el garantizar el derecho a emprender y no intervenir el funcionamiento del mercado discrecionalmente es una señal potente de optimismo para todo el mundo emprendedor. Nuestro norte es poder trabajar tranquilos y que el Estado se ocupe de que la cancha esté nivelada".
Sin embargo, el convencional Bernardo Fontaine, lamentó lo ocurrido: "La comisión aprobó derecho a emprender, pero no libre. El Estado podrá restringirlo por cualquier derecho de la Constitución y por el interés general, empresas estatales podrán tener privilegios versus las privadas. Además, el Estado no deberá impulsar la libre competencia".
Explicó que lo que se enviará al pleno "está muy lejos de lo pedido en las iniciativas populares" y "se podrán restringir las actividades económicas por los infinitos derechos consagrados en esta Constitución".
Pluralismo Jurídico
Este miércoles la comisión de Sistemas de Justicia aprobó una indicación que insiste en el establecimiento de tribunales indígenas, por lo tanto, la norma deberá ser sometida nuevamente a deliberación en el pleno, donde fue rechazada en primera instancia por no alcanzar los 103 votos (quórum de 2/3), logrando en esa oportunidad 93 respaldos.
La indicación firmada por diversos convencionales, como Mauricio Daza, Christián Viera y Natividad Llanquileo, retoma la idea de los tribunales para pueblos originarios con una nueva redacción. Se establece que bajo el esquema de Pluralismo Jurídico, el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que "en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia". Y añade que "la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales."
El convencional RN, Ruggero Cozzi, sostuvo que no se corrigen los problemas que tenía el artículo original. "No se hace cargo de que la justicia indígena se va a aplicar a los no indígenas; ese punto sigue abierto al igual que la libertad de elección a cuál sistema quiere cada persona ser sometido", expuso.
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