Aunque la noticia fue el anuncio de nuevos criterios de actuación en Derechos Humanos y revisión de causas archivadas, no pasó desapercibido en el mundo político el “guiño” que el fiscal nacional Jorge Abbott hizo a los candidatos a constituyentes en su cuenta anual, la semana pasada.
“No es posible dejar de referirse al proceso constituyente, con la elección de los miembros de la convención que elaborará la nueva Constitución Política, el que resulta de central relevancia para el Ministerio Público” planteó.
Y ahí mismo, el Fiscal Nacional reiteró la necesidad de que tras los cambios, se mantenga la autonomía para investigar y ejercer la acción penal del MP. “De no tenerla, se amenaza la garantía que todas las personas, sin distinción alguna, podrán ser interpelados por el sistema de justicia, sin el temor de que éstos puedan ejercer influencias indebidas para inhibir el actuar del Ministerio Público”, sostuvo.
Y fue más allá. Ofreció colaboración y disposición para debatir sobre cómo mejorar la investigación y los controles. Reconoció que la labor de los fiscales ha sido críticada por sus actuaciones y la oportunidad de sus resoluciones, “No pretendemos contar con una aprobación popular”, dijo y añadió que “al calor de la discusión constitucional, creemos que es hora de hablar sinceramente sobre extender la titularidad de la acción penal en ámbitos que hoy nos son vedados”: las investigaciones por delitos electorales; delitos tributarios, aduaneros y “a los que atentan contra la libre competencia que tanto daño hacen a los consumidores”, sostuvo.
Sus declaraciones fueron profusamente comentadas en el mundo legal y político, ya que hace años que el Ministerio Público busca tomar también esos casos,pero la norma actual lo dejó fuera de ese ámbito.
Otro de los anuncios que llamaron la atención fue su decisión de avanzar en la persecución de delitos contra la propiedad y lo que llamó “el poder de la corrupción y de los delitos de cuello y corbata”, mencionando las recientes condenas por el caso Corpesca, una de las investigaciones emblemáticas sobre el financiamiento irregular de la política.
A mediados de abril, el Tercer tribunal oral condenó por corrupción al exsenador UDI Jaime Orpis y a la exdiputada, Marta Isasi. La firma pesquera del grupo Angelini también fue condenada: deberá pagar una multa, a beneficio fiscal, de 10 mil UTM (unos $ 520 millones) y la publicación de un extracto de la sentencia en algún diario de circulación nacional.
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