Unas 127 páginas contiene todo el documento que hace unos días presentó el empresario Álvaro Saieh en la Corte de Delaware, en respuesta a la querella que en Chile entabló MBI, en la ya larga disputa entre ambas partes desatada tras la salida de Corp Group Banking (CGB) del Capítulo 11, en Estados Unidos.
Tal como lo adelantó DF MAS el domingo pasado, Saieh y varias personas relacionadas al empresario ingresaron lo que podría traducirse como una “demanda de cumplimiento”, alegando desacato de MBI, producto de la acción penal que entabló en Chile.
En ese extenso documento, CGB adjuntó otro. Es una declaración de Carlos Künsemüller, abogado, profesor de derecho penal, y quien entre 2007 y 2021 se desempeñó como magistrado en la Sala Penal de la Corte Suprema. También es miembro del board of directors de la Asociación Internacional de Derecho Penal.
Esas “opiniones”, se lee en el escrito firmado por este jurista, están basadas, a su vez, en un informe en Derecho que elaboró a petición de la asesoría jurídica de CGB y basado en la información que tuvo a la vista de 10 querellas interpuestas contra Saieh en las que se imputa “contrato simulado”.
En el detalle, explica Carlos Künsemüller en el documento, es una “opinión jurídica” en relación con las querellas. Entre otros aspectos, la naturaleza de las alegaciones allí contenidas y la posibilidad que tales acciones signifiquen una “duplicidad” con respecto a reclamos civiles iniciados con anterioridad.
¿La conclusión de Künsemüller?
“El punto relevante en este asunto es que una decisión de un tribunal estadounidense ordenando a los querellantes a que respeten lo decidido en el procedimiento de insolvencia bajo el Chapter XI no interferirá en la investigación penal del Ministerio Público chileno. Pero sí podría ser un argumento para evitar que los miembros del Committee of Unsecured Creditors -ex bonistas- querellantes en Chile utilicen un procedimiento en el extranjero para evadir lo decidido por el tribunal estadounidense y obtener dinero por fuera del procedimiento de insolvencia finalizado por una decisión jurisdiccional firme”, dice la declaración de Künsemüller, fechada el 15 de agosto.
Y enfatiza: “Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es cierto y correcto según entiendo y creo”.
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