La sociedad Minera Valparaíso, parte del holding empresarial de la familia Matte, denunció una “amenaza” de toma en un terreno en Concepción, y ganó. El terreno es de 22 cuadras y está ubicado en la comuna de Penco, en la Región del Biobío y fue comprado por Minera Valparaíso a Cementos El Melón en 2006.
El caso parte porque el 21 de diciembre de 2022, un correo electrónico remitido por la Municipalidad de Penco dio cuenta de “una carta en que Minera Valparaíso autorizaría el uso provisorio del inmueble por parte de aproximadamente 12 pobladores de la Villa Renacer de la comuna de Penco, la cual era difundida por la presidenta de la Junta de Vecinos, Marlene Cisterna Segovia”.
Esa primera señal de una carta que ellos no habían firmado, hizo que la empresa aumentara la seguridad con rondas de vigilancia diarias con personal de seguridad privada. Ese mismo diciembre, Minera Valparaíso emitió una declaración pública desmintiendo la supuesta autorización del terreno.
Sin embargo, luego se registraron ingresos al predio por parte de un grupo de vecinos a realizar movimiento y nivelación de tierra, loteo ilegal, delimitación y cercamiento de sitios, se lee en la recurso de resguardo de derechos constitucionales en contra de la presidenta de la Junta de Vecinos, Marlene Cisterna. Minera Valparaíso fue representada por los abogados Marcelo Giovanazzi y Daniela Lobos, del Estudio Alcaíno, asesores legales de los Matte.
“Las acciones desplegadas por la recurrida no cesan y tienen como evidente fin la demarcación de sitios para la construcción de viviendas, de modo que el derecho de propiedad de mi representada se encuentra en permanente perturbación”, agregaron.
El 9 de marzo pasado, la empresa fue informada de la instalación de “bases de viviendas” en el lugar. “Las intenciones de la recurrida (Cisterna) cada vez resultan más serias en cuanto a que el inmueble sea ocupado por un asentamiento ilegal, a tal punto que ha creado un Comité de 30 familias interesadas en designarse sitios sin título alguno que los respalde e, incluso, ha cobrado reservas de dinero por sumas que fluctúan entre $300.000 y $500.000”.
En este caso incluso habría un informe de la Municipalidad de Penco dando cuenta de una visita a terreno donde vio el principio de toma.
Una vez en la Corte de Apelaciones de Concepción el caso, la misma Cisterna desconoció los hechos. “Quiero dejar en claro y recalcar que no he tenido participación alguna en caso de existir algún comité u organización, ni de participar en alguna forma en la toma ilegal de un inmueble, y menos aún estar percibiendo suma alguna de dinero por ello”, se defendió la dirigenta vecinal.
El fallo de la Corte penquista señala que “es posible dejar asentado que en la actualidad el inmueble de propiedad de la recurrente, permanece con inicios de construcciones para viviendas, lo que constituye una amenaza futura y real de ocupación por personas, lo que afecta gravemente el derecho de propiedad de la recurrente”.
El tribunal acogió el recurso de cautela de derechos y agregó que “se advierte la necesidad imperiosa de adoptar tempranamente las medidas conducentes a evitar la prolongación de la ocupación de este terreno”.
Y ordenó que la presidenta de la Junta de Vecinos informe que “los ocupantes del terreno de propiedad de la recurrente tienen un plazo de 15 días para retirar, a su costa, los materiales ingresados e instalados en el predio ilegalmente ocupado, bajo apercibimiento de ser retirados dichos materiales por el recurrente con auxilio de la fuerza pública”.
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