No ha sido una semana fácil para Álex Cortez Meza, el fiscal jefe del área de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Sur. Nunca lo son, pero estos días fueron particularmente complejos.
Este miércoles el persecutor estuvo en el Sexto Tribunal Oral en Lo Penal y valoró el veredicto condenatorio entregado por dicho juzgado en contra de Camilo Gajardo Escalona, el único imputado por los atentados explosivos ocurridos entre 2017 y 2019 en contra de Óscar Landerretche y Louis de Grange (recibió 45 años de cárcel).
Mientras eso pasaba, se estaba fraguando otro incidente similar: a las 7 de la mañana del día siguiente en Las Condes, en el edificio corporativo del Grupo Angelini -donde están domiciliadas las oficinas de Copec, Corpesca, Arauco y AntarChile, además de los estudios de abogados Albagli Zaliasnik, Portaluppi Gúzman & Bezanilla y DLA Piper- se encontró un artefacto explosivo en una bolsa de reciclaje que no se detonó, gracias al trabajo de las fuerzas especiales.
Luego de que el Gope, respaldado del OS9 de Carabineros y Labocar, trasladaran exitosamente la bomba en un camión blindado de alta seguridad, el fiscal afirmó que se estaban “realizando numerosas diligencias de laboratorio para determinar la composición y mecanismos del artefacto”.
No fue casualidad que la investigación no haya sido tomada por la Fiscalía Oriente. Se fue directo a la Fiscalía de Alta Complejidad que lidera Cortez, y que tiene el mandato de investigar los delitos con artefactos explosivos en todo el país.
Cortez -que participó del equipo investigativo a los ataques al Metro en el contexto del estallido social- es abogado de la Universidad de Talca e ingresó al Ministerio Público en 2005 con el inicio de la Reforma Procesal Penal en Santiago. Comenzó en su cargo en julio de 2019 y estuvo a cargo de la reestructuración de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado. Desde muy temprano se interesó en investigaciones antinarcóticas. En 17 años de carrera ha desbaratado asociaciones ilícitas vinculadas al lavado de dinero y narcotráfico.
Pero últimamente también se ha especializado en causas vinculadas a ataques explosivos: la condena de un hombre por lanzar una bomba molotov a la comisaría de San Miguel durante el estallido social, la explosión de un artefacto casero en una empresa de Ñuñoa y la investigación de una fuerte detonación en las dependencias de la Anepe en Providencia, son solo algunas de las causas que han pasado por Cortez, quien es definido por sus cercanos como un persecutor “muy abierto” a coordinar y dialogar con autoridades y la sociedad civil.
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