Esta semana, el gobernador Claudio Orrego envió una carta a El Mercurio acusando que la aseguradora Aspor se ha negado a pagar los $ 1.000 millones comprometidos al Gobierno Metropolitano de Santiago al no haberse ejecutado el programa de prevención del suicido “Quédate” que el Gore licitó a ProCultura.
La fundación que dirigía el psiquiatra Alberto Larraín está en tela de juicio por varios convenios de la entidad que no se realizaron, además de una serie de irregularidades, y adeuda más de $3.000 millones, de los cuales un tercio son a la gobernación que lidera Orrego.
Aspor, la compañía de seguros controlada por ex ejecutivos de la aseguradora Magallanes, la empresa estadounidense Navigators, y otros accionistas locales, judicializó el proceso y exigió que en la justicia declare que el convenio entre el Gore Metropolitano y ProCultura nunca existió, por lo que la póliza no puede cobrarse.
Consultado el gerente general de Aspor por la polémica con Orrego, respondió: “Aseguradora Provenir (Aspor) no se ha negado al pago de la póliza. Frente a los hechos actualmente investigados y que son de público conocimiento, nos vimos en la obligación de acudir a tribunales para que sean ellos quienes determinen si corresponde o no efectuar el pago. Estamos a la espera de que la justicia se pronuncie sobre la presunta inexistencia del convenio ‘Quédate’, lo que podría llevar a la nulidad de las pólizas emitidas. Mientras eso se resuelve, los montos reclamados por el Gore Metropolitano ya están debidamente provisionados en nuestros estados financieros, lo que nos permite responder de forma inmediata si así se determina”.
El ejecutivo indicó que frente a la gravedad de los antecedentes conocidos a la fecha de la denuncia del siniestro y a los hechos que actualmente están siendo investigados, “consideramos que quien debe resolver si corresponde o no el pago de la póliza es la justicia. Este camino permite resguardar la integridad del sistema y dar garantías tanto a instituciones públicas como al mercado asegurador de que nuestras decisiones se adoptan conforme a derecho, asimismo garantizar los intereses de nuestros reaseguradores”.
La aseguradora recalcó que, hasta ahora, las acciones legales y los argumentos que el Gore ha presentado en el juicio civil para proceder al pago “han sido rechazados tanto por el tribunal de primera instancia como por la Corte de Apelaciones de Santiago. Es precisamente la justicia la que ha decretado la suspensión temporal del pago y ha dado curso a la tramitación de la demanda presentada por Aspor”, apuntó.
La empresa indica que su operación continúa con total normalidad, incluídas las otras pólizas que tienen activas en convenios del sector público. “Hemos asegurado más de 4.000 programas sociales en distintas regiones del país, con organismos públicos, gobiernos regionales, municipalidades, entre otros, y todos se han desarrollado sin complicaciones, lo que da cuenta de una operación seria y técnica. Es más, en otros siniestros denunciados en relación a la Fundación ProCultura hemos pagado las indemnizaciones asociadas a las pólizas contratadas, ejemplo de ello es el caso de Corfo, el Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional de Biobío”.
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