La historia comenzó el 9 de enero de 2021, cuando el productor de películas como Papá al rescate, El bosque de Karadima o Stefan vs Kramer, Sebastián Freund, fue víctima de una estafa tipo phishing y desde su tarjeta de crédito del Banco Santander le sustrajeron $ 21 millones.
Entonces, el banco sólo devolvió poco más de un millón de pesos (el mínimo según la ley 21.234, también conocida como Ley de fraudes) y por el resto de los $ 20 millones demandó a Freund ante el Juzgado de Policía Local acusando que hubo dolo o culpa grave en su actuar, por lo que el banco no debería restituir dicho monto.
Oliver Flögel enfrenta querella por administración desleal, pero éste acusa que la acción es embustera y calumniosa
El Segundo Juzgado de Policía Local de Santiago descartó que el productor haya actuado con dolo o culpa grave y ordenó al Santander devolver el dinero, pero la firma, según una querella que presentó a través de los abogados Alejandro Awad Cherit e Ignacio Pavón Verdugo, no acató la sentencia.
“Emitió unilateralmente dos pagarés en su beneficio con el fin de obtener fraudulentamente el dinero que exigió del Sr. Freund y sobre el cual se determinó, por parte del Segundo Juzgado de Policía Local de Santiago, que el banco nunca tuvo derecho”, acusan los juristas en el escrito.
El banco apeló en contra de la sentencia del Juzgado de Policía Local. En paralelo, demandó a su cliente civilmente y pidió que se le embargaran dos autos.
Ahora Freund subió la artillería y amplió la querella, esta vez contra Santander como persona jurídica por los delitos de apropiación o distracción indebida y administración desleal en una causa que sigue el Ministerio Público desde abril de este año.
Además, en una arista distinta, acusó que el banco le cerró las cuentas y se quedó con US$ 2.000 de su propiedad, que nada tienen que ver con el monto disputado en el primer conflicto.
Contactado el Santander, dijo que “nuestro cliente reconoció haber sido víctima de un phishing, al acceder a un link enviado por SMS por un supuesto bloqueo de su tarjeta, entregando, entre otros, a terceros ajenos al Banco, los datos de su tarjeta de coordenadas”.
Agregaron que “dando estricto cumplimiento a la Ley 20.009, realizó el abono normativo correspondiente de 35 UF en la cuenta del cliente y entabló una demanda, haciendo valer la negligencia en que éste había incurrido al comprometer sus claves secretas, proceso que se encuentra en la Corte de Apelaciones de Santiago por un recurso de apelación pendiente de fallo. Una vez terminado ese proceso y resuelto por sentencia ejecutoriada la discrepancia surgida entre las partes, Banco Santander dará estricto cumplimiento a lo que resuelva el tribunal”.
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