El asalto esta semana al centro neurálgico político de Brasil por parte de activistas de extrema derecha ha presentado al nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva su primera emergencia en toda regla. Pero a medida que la violencia retrocede y los equipos de reparación arreglan los daños en el Congreso de la nación, la Corte Suprema y el palacio presidencial, el líder de izquierda podría encontrar una oportunidad para salir de la crisis, dijeron analistas.
El nuevo Presidente ha adoptado una línea dura contra los perpetradores de un incidente que, según dijo, “no tiene precedentes en la historia de nuestro país”. “Tienen que ser sancionados. Y vamos a averiguar quiénes son los financistas de estos vándalos”, dijo.
Es probable que Lula reciba un impulso político inmediato a medida que los partidos de todo el espectro condenen el ataque a la democracia brasileña, aunque las ideas radicales y la rápida movilización de los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro pueden resultar un problema a largo plazo para su gobierno.
“La posición de Lula en el Congreso y tal vez incluso frente a la opinión pública probablemente se beneficiará en el corto plazo”, dijo Christopher Garman, director gerente para las Américas en Eurasia Group. La condena de los ataques del domingo fue casi universal y el Congreso votó rápidamente a favor de una intervención de seguridad pública en Brasilia, decretada por Lula el día anterior.
Lula logró una estrecha victoria electoral contra Bolsonaro a fines de octubre. Con solo 2 puntos porcentuales, o menos de 2 millones de votos entre ellos, está gobernando una nación profundamente dividida, con una coalición de aliados difícil de manejar.
Pero con los políticos agrupados a su alrededor en el momento de la crisis, “en sus primeros momentos, gana legitimidad desde el punto de vista político e institucional”, dijo Camila Rocha, politóloga del Centro Brasileño de Análisis y Planificación.
Los analistas dijeron que esta oleada de apoyo político podría ayudar a Lula a tomar medidas enérgicas contra el extremismo de extrema derecha y también aumentar el apoyo a su agenda legislativa, que se centra en reformas económicas destinadas a mejorar el bienestar social y reducir la pobreza.
Sin embargo, “el verdadero problema radica en el tiempo”, dijo Garman. “Incluso si los eventos [del domingo] socavan la credibilidad del movimiento bolsonarista debido a su violencia, son un claro recordatorio de que Lula enfrenta un país profundamente polarizado.
“Se enfrentará a una oposición pro-Bolsonaro movilizada que está dispuesta a salir a las calles de una manera que puede volverse violenta. Eso no es un pasivo a corto plazo, pero lo será si Lula pierde el apoyo popular ante las dificultades económicas”.
Esos grupos de extrema derecha podrían “presentar amenazas indirectas a la seguridad de las empresas, especialmente aquellas con operaciones en sectores como el petróleo y el gas y el transporte, que estarán entre los objetivos preferidos dado el potencial de impacto generalizado”, dijo Mário Braga, analista de Control Risks.
“Estos disturbios [del domingo] son evidencia de la creciente radicalización de una pequeña parte de la sociedad brasileña, que seguirá siendo alimentada por teorías de conspiración”, agregó. Más de 1.500 activistas de extrema derecha fueron arrestados después de que la policía pusiera fin a los disturbios y desmantelara campamentos de protesta esporádicos en todo el país esta semana. Flávio Dino, el nuevo ministro de Justicia, ha tomado una línea dura con los grupos marginales, alegando que el gobierno ya identificó sus fuentes de financiamiento, pero no citó detalles.
“No se les permitirá destruir la democracia brasileña”, dijo. Los acontecimientos también complican las opciones de Bolsonaro, quien se fue de Brasil a Florida a fines del año pasado para evitar asistir a la toma de posesión de Lula, y fue ingresado en el hospital de Orlando un día después de los disturbios. En sus últimos meses en el cargo, el expresidente se negó a tomar medidas enérgicas contra los grupos de extrema derecha que acampaban frente a las bases militares e incluso alentó tácitamente su derecho a protestar.
Después de la violencia del domingo, trató de distanciarse de los manifestantes, pero su larga relación con la derecha radical ahora lo ha dejado aislado. El expresidente ha señalado que tiene la intención de regresar pronto a Brasil, donde existe la posibilidad de que sea procesado por sus vínculos con grupos de extrema derecha.
“El presidente Bolsonaro puede rendir cuentas si se prueba algún tipo de conexión entre él y quienes cometieron estos [disturbios]”, dice Vera Karam, profesora de derecho constitucional en la Universidad Federal de Paraná. También está bajo investigación en relación con varios otros escándalos mientras estuvo en el cargo, incluidas las acusaciones de que difundió información errónea sobre la pandemia de covid-19. Desde que dejó el gobierno, ha perdido la inmunidad que le otorgaba como presidente. El martes, los fiscales presentaron una solicitud ante el tribunal federal de cuentas para congelar los activos de Bolsonaro.
El tribunal aún no ha respondido. “Se pegó un tiro en el pie”, afirma Carolina Botelho, politóloga de la Universidad de São Paulo. “Ahora enfrenta más oposición, incluso de parte de sus seguidores, y muchas personas lo critican. Si alguna vez hubo la posibilidad de que pudiera liderar una oposición al gobierno de Lula, ahora la ha dañado”.
Información adicional de Carolina Ingizza.
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