“Nosotros hablamos de grupos económicos significativos. No estamos en contra de los grupos económicos, para nada”, dice el abogado Mario Bravo, el artífice tras una presentación hecha hace unos días ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que busca que este organismo promueva ante el poder Ejecutivo y el Congreso la existencia de una legislación que limite el poder de mercado de estos grupos.
“Yo no descarto que esta sea la nueva revolución económica chilena. Este es el desafío más importante en mi carrera, porque soy un fanático de la libre competencia. Estoy súper de buena fe. No tengo la menor duda de que hoy lo único que le queda al PC del 18 de octubre es esto. Y la pregunta es, o acá, o en la Plaza Italia. Nuestra tesis es ‘lo vemos en TDLC, donde corresponde, y no en la plaza Italia’”, dice este abogado, ex profesional de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), donde trabajó por 12 años, quien en esta causa representa a Conadecus.
La solicitud patrocinada por Bravo no es una demanda, pero un tema no menor es que sea cual sea el resultado que arroje el proceso ante el TDLC, es probable que el caso termine en la Corte Suprema, siendo visto por la Tercera Sala, integrada por el juez Muñoz. Un informe de esta semana elaborado por el Centro Competencia (CeCo) deja en claro este punto, a la luz de otro caso, en el que la Suprema sí consideró que tenía la facultad.
Con esta solicitud, se abre ahora un debate que puede tener consecuencias insospechadas para la forma en que está estructurada la economía chilena, donde la propia CMF reconoce la existencia de 126 grupos empresariales, vigentes a marzo de 2022. El ex titular de la FNE, Felipe Irarrázabal, lo resume: “Va al corazón de la economía de mercado y de la forma como los privados se organizan”, dice, haciendo prevenciones (ver recuadro). Frente a las dudas y resquemores, Mario Bravo es categórico. “Yo creo que Chile está en un momento de inflexión. Tenemos ad portas una Constitución, que espero se apruebe. Tenemos una crisis económica importante, falta de crecimiento, gente que cuestiona el modelo. Pivotes está pidiendo un Estado más eficiente -cuestión que comparto 100%- y creo que es el momento de hacerle correcciones al modelo”, dice.
- ¿Qué hay detrás de su presentación?
- La pregunta es si los grupos se constituyen para aprovechar economías de escala y eficiencias, o se constituyen para abusar del poder.
- ¿Y su respuesta?
- Comparto que los grupos económicos en un momento determinado son importantes. Pero sostengo que con el tiempo van creciendo y empiezan a aparecer los problemas. Yo no me estoy yendo contra ningún grupo económico. Esperamos que comparezcan todos los agentes, incluyendo los grupos, y juntos veamos cuáles son las soluciones. Si son otras, y que van a permitir más competencia, en buena hora. ¿Qué expectativas tengo? Que los grandes grupos económicos reconozcan que hay problemas en su actuar y que propongan soluciones que permitan que haya más competencia. Yo no soy antiempresa. Conadecus tampoco.
- La presentación se basa en asumir que los grupos tienen problemas.
- Soy un abogado serio. Me pueden convencer de que no es así. Obvio. Si para eso estamos. Yo acompaño antecedentes, nada menos que la experiencia de Israel, y de Luigi Zingales. Si me convencen de que no existen tales peligros o que las soluciones son otras, yo no voy a tener ningún problema en aceptar eso. Quedemos claros: Conadecus coincide 100% conmigo en que el rol de las empresas, el libre mercado, es fundamental.
Luigi Zingales, al tanto
En el pedido hecho al TDLC, Bravo puso como antecedente neurálgico un estudio que hizo el economista de la U. de Chicago, Luigi Zingales, autor de Salvar el Capitalismo de los Capitalistas. Bravo dice que Zingales está enterado de la solicitud hecha en Chile.
“Él tiene mi escrito, sabía que lo iba a presentar y ha manifestado por interpósitas personas que lo apoya”, afirma. De hecho, en la presentación al TDLC Bravo adjuntó un texto de Zingales, definido como borrador, de junio de 2023, titulado Mejorando la Competitividad del Sector Financiero Chileno, y en él, si bien Zingales dice que los análisis están en su “infancia” y que las conclusiones son tentativas, hace recomendaciones concretas sobre los grandes conglomerados.
“La razón de eficiencia para su existencia en el Chile actual es muy débil”, alerta. Y desarrolla en particular el tema bancario dentro de los grupos, aseverando que otra ventaja comparativa para algunos grupos es el acceso a un banco cautivo.
“Si los bancos se muestran reacios a otorgar préstamos a nuevos participantes, especialmente que compiten en la misma línea de negocio que empresas afiliadas, la competencia en el mercado se verá comprometida”, dice. Y profundiza en cómo podría implementarse una separación, prohibiendo la “dirección cruzada”.
“De modo que cualquier director, gerente o controlador de una empresa industrial no pueda sentarse en el directorio de un banco, y viceversa. Se podría aprobar una norma que esterilizara los derechos de voto de cualquier inversor que posea más de un cierto umbral de un banco (digamos 5%) y tenga más del 5% de participación en cualquier empresa no financiera con ingresos superiores a un determinado umbral (digamos US$ 20 millones). La combinación de estas dos normas debería ser suficiente para aislar la gobernanza de los bancos, del gobierno de otras empresas, sin forzar una desinversión. Si los conglomerados quieren mantener a los bancos en su cartera, sin ejercer ningún control, no lo vemos como un problema”, apunta el texto de Zingales.
Evidencia dura
El exfiscal Felipe Irarrázabal plantea que la presentación está muy en pañales. “Tiene que haber evidencia dura y precisa sobre los riesgos de competencia”, dice. Y alerta una interrogante: Si una empresa tiene poder de mercado, y, por tanto, riesgo de cometer infracción a la libre competencia, “la pregunta es si esos riesgos se aumentan exponencialmente por el hecho de que esté dentro de un grupo económico, o quizá eso no es relevante y en realidad lo relevante es ver las conductas infraccionales, que las pueden haber realizado con o sin grupo económico de por medio”, apunta.
El ex presidente del TDLC Enrique Vergara coincide con que falta data empírica que sustente lo que se plantea, y advierte que cualquier eventual modificación traerá a la luz temas hasta constitucionales, derecho de propiedad y libertad económica. Sí destaca un tema, sujeto a respaldarlo con datos: la relación entre el negocio financiero y otras actividades industriales en los grupos.
“Efectivamente ahí puede haber un tema. Si es que esas empresas que integran grupos tienen acceso a créditos en mejores condiciones que otras empresas”, se pregunta.
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