También hubo detenidos por provocar incendios intencionalmente. También vinieron megaaviones contratados por privados a combatir los focos de fuego que se desperdigaban entre Coquimbo y Biobío. Asimismo, hubo pueblos enteros arrasados por las llamas y miles de hectáreas de pinos y eucaliptos transformados en cenizas en lo que también se bautizó como tormenta de fuego. También hubo presidentes en terreno, condenas políticas transversales y marchas ciudadanas pidiendo un cambio en el modelo forestal chileno. Y se prometieron reformas.
Todo eso pasó entre enero y febrero de 2017. Y la escena, con terroríficas similitudes, se repite este año, seis veranos después.
Hasta el cierre del viernes, la superficie quemada ascendía a 409.637 hectáreas, con 24 fallecidos, 1.250 casas quemadas y 5.419 personas damnificadas.
Un informe del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) publicado en 2020, tras los megaincendios de 2017, señala que entre 1985 y 2018 han ocurrido 22 megaincendios, los que han afectado una superficie de 543.000 hectáreas, representando el 22% de la superficie total quemada en dicho periodo. Sin embargo, solo en la última década hubo 16 megaincendios, coincidiendo con la megasequía que afecta a nuestro país y, además, con las temperaturas más altas que se hayan registrado en la zona central.
Según José Manuel Rebolledo, ex director ejecutivo nacional de la Conaf y que asumió en 2018 en la reconstrucción de los megaincendios de 2017, hace cinco años los megaincendios dañaban el 7% de la superficie total de una temporada de incendios. Ahora, la magnitud subió: el 1,2% de los megaincendios quema el 85% de la superficie. Es decir, un solo incendio puede afectar casi la totalidad del territorio. En una temporada “normal” de incendios, hay 7.000 focos.
El informe del CR2 agrega: distintas investigaciones han establecido potenciales efectos sinérgicos de actividades humanas sobre el régimen de fuego, incluyendo el cambio climático antropogénico, la creciente área de interfaz urbano rural (zonas donde convergen o mezclan viviendas y formaciones vegetacionales) y el incremento de plantaciones forestales de especies de alta inflamabilidad, entre otras.
Cerca del 60% de los incendios se originan en áreas de interfaz urbano-rural, y en los últimos años estas zonas han aumentado debido al crecimiento poblacional y la expansión urbana.
“En Chile las plantaciones forestales no se enfrentan a procesos de evaluación ambiental, por lo que no están regulados ni fiscalizados sus compromisos para prevenir incendios, para construir cortafuegos de un nivel estándar y tampoco se les pide una compensación cuando causan daños ecológicos”, dice Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente.
Los datos lo confirman: según los tipos de uso de suelo, un 50% de la superficie quemada como consecuencia de megaincendios entre 1985 y 2018, estaba cubierta por plantaciones exóticas, principalmente de Pinus radiata y Eucalyptus spp. En tanto, bosque nativo, matorral y pastizal se vieron afectados en un 20%, 17% y 8%, respectivamente, dice el estudio del CR2.
¿Y ahora qué?
Puede que esto ya lo haya leído en cada temporada de incendios, pero vale la pena volver a recordarlo.
Uno de los capítulos del informe del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), escrito por Luis Cordero, actual ministro de Justicia, dice así: “Es urgente analizar la política pública en materia de incendios desde la perspectiva del diseño de los denominados ‘paisajes resilientes’, es decir, una planificación territorial global que permita abordar riesgos de un modo adaptativo, reduciendo la homogeneidad del paisaje. Esto incidiría en la gestión de la propiedad no solo desde el punto de vista urbanístico, sino también de otras actividades, como la regulación de plantaciones forestales en el contexto de un ordenamiento territorial general”.
Lo expuesto por Cordero es algo en lo que enfatiza a DF MAS Mauro González, académico de la Universidad Austral y uno de los principales autores del informe del CR2. “Los megaincendios que afectaron principalmente las regiones de O’Higgins al Biobío el 2017, y que concentran más del 90% de las plantaciones industriales, ofrecieron una lección muy importante asociada al alto riesgo que representan, en el contexto climático actual y futuro, los extensos monocultivos por su alta carga de combustible, homogeneidad y continuidad. Dada la gran superficie quemada de pino, y las consecuentes emisiones de gases efecto invernadero generadas, éstas razonablemente no fueron incluidas como estrategia para alcanzar la carbono neutralidad en la Ley Marco de Cambio Climático”.
Y apunta a que una de las recomendaciones principales producto de los megaincendios del 2017, y basado en diversos estudios, fue la necesidad de diversificar el paisaje, es decir, que las superficies no solo tengan cultivos forestales, sino que se mezclen con bosque nativo u otras plantaciones menos combustibles.
“Avanzar en paisajes más heterogéneos, multifuncionales que puedan acomodar un mosaico de diversas actividades socioeconómicas integradas, complementarias, fortaleciendo el desarrollo local, su identidad y cultura, es un camino que ofrecerá mayor resiliencia a los sistemas socioecológicos de esos territorios", recomienda.
Y agrega: "Lo contrario, el seguir plantando pinos y eucaliptos, además de contraintuitivo, es un camino que esta nueva y catastrófica temporada de incendios nos muestra como equivocada. Aunque aún hay voces que no se convencen y apuestan con seguir aumentando el polvorín, si bien el clima y la meteorología, como lo señala el IPCC en su último reporte, será más favorable cada vez a incendios más frecuentes y severos”, recomienda.
Por otra parte, dice González, dado el gran impacto de los incendios en las zonas de contacto entre vegetación e infraestructura humana, es necesaria una mayor gestión y regulación en ese ámbito, de manera de implementar más extensamente los protocolos técnicos para la reducción de combustible en esas áreas y definir aspectos regulatorios asociados a la expansión urbana y parcelamiento.
“La restauración y manejo del bosque nativo si bien aún va a paso lento, es el principal desafío y oportunidad para otorgar una mayor sustentabilidad, salud, bienestar y resiliencia a los sistemas socioecológicos. Afortunadamente, el gobierno ha dado un fuerte impulso en esta materia, pero este es un trabajo de mediano a largo plazo, que requiere de mucha visión para no perder la brújula”, recalca el experto.
Por su parte, Marcelo Mena da una idea adicional. “El problema de los incendios forestales no puede ser enfrentado por un solo país. Esto pasa en Chile, en Australia, en Estados Unidos, en España. Así como la ONU tiene los cascos azules para protegen a la población en caso de amenazas, deberían haber brigadas internacionales, financiadas por todos, que acudan a apagar incendios al mismo tiempo”.
Plantaciones post 2017
Al analizar las cifras de nuevas plantaciones forestales y reforestaciones es posible darse cuenta de que la industria forestal se recuperó rápido después de los incendios de 2017.
Según datos de Conaf, el mismo 2017 se plantaron 83.802 hectáreas, de las cuales el 98% fueron reforestación en zonas que ya habían sido plantadas. Y al analizar por tipo de empresa que plantó nuevamente árboles para materia forestal, se tiene que 1.670 hectáreas fueron reforestadas por pequeños empresarios; 4.828 hectáreas por medianos propietarios; mientras que 75.616 hectáreas fueron reforestadas por el grupo denominado Principales Empresas Forestales, y que incluye a Mininco (CMPC), Celco, Arauco, Cholguán (Empresas Arauco), Monte Águila, Masisa, Tornagaleones, Hancock, Bosques Cautín S.A., Forestal Anchile, Comaco, Los Lagos y Volterra.
Las cifras después de 2017 fueron solo al alza: las grandes empresas plantaron 91.682 hectáreas en 2018 y 96.628 hectáreas en 2019. Luego empezaron a caer a 67.234 hectáreas el 2020 y 57.884 hectáreas el 2021, último dato disponible.
Al hacer un zoom en las regiones de O’Higgins y Maule, las más afectadas con los incendios de hace seis años, se tiene que en la primera se reforestaron 1.950 hectáreas en 2017 y 4.855 hectáreas en 2020, la cifra más alta en los últimos 10 años. De hecho, entre 2017 y 2021, se volvieron a plantar árboles con aptitud forestal en 12.032 hectáreas.
Mientras que en Maule el mismo 2017 se replantaron 21.243 hectáreas, y si se suma el periodo entre 2017 y 2021, dan un total de 101.246 hectáreas reforestadas en la región.
Una de las promesas a las que se llegó en ese entonces era empujar la transformación de la Conaf y convertirla en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), dotándola de más recursos para fiscalizar y cuidar integralmente los bosques chilenos, no dedicándose solo al ataque de los incendios.
El proyecto todavía está en el Congreso. Lleva nueve años discutiéndose.
Difícil persecución judicial
Hace cinco años, explica José Manuel Rebolledo, el ex director ejecutivo nacional de la Conaf, la intencionalidad de los incendios era de 33%. O sea, de 10 incendios, 3 eran causados a propósito por una persona. Hoy la cifra de intencionalidad se eleva a 66%.
De hecho, el 0,3% de los incendios se puede atribuir a causas naturales, las llamadas “tormentas secas” que se dan en la cordillera entre O’Higgins y Biobío cuando hay muy altas temperaturas y mucho viento. El resto es culpa del ser humano.
Las empresas y Conaf han puesto drones, robots, duplicado las faenas de limpieza de material combustible desechado, pero no basta. “Esto no es solo un problema forestal, es un tema de Estado, que trasciende a los políticos y debe ser tratado por personas técnicas. De los incendios forestales, solo el 40% de lo quemado es afectación de patrimonio forestal de pequeños, medianos y grandes, el resto es agricultura, pastizales, bosque nativo y viviendas”, apunta Rebolledo.
En cuanto a persecuciones judiciales, explican fuentes del Ministerio Público, es complejo probar intencionalidad y tener pruebas. Aunque en 2017 hubo varios detenidos, pocos terminaron en condenas. En Ñuble se formalizó a cinco personas, y dos fueron a juicio, las que fueron condenadas a dos penas de 541 días y 100 días de cárcel. El resto fue suspendido condicionalmente asociado a un pago indemnizatorio. Mientras que en Biobío hubo cuatro formalizaciones, tres de ellas terminaron en suspensiones condicionales.
En O’Higgins y Maule, principales focos de incendios, sí hubo un caso emblemático. Se trata de un grupo de ejecutivos de CGE que fueron formalizados por su responsabilidad en los incendios y cuyos procedimientos terminaron en suspensiones condicionales, tras un acuerdo al que se llegó con la empresa. Tras varias jornadas de juicios, los ejecutivos de la compañía eléctrica decidieron acogerse a una suspensión condicional que implicó, en el caso de O’Higgins, formalizar a tres ejecutivos y un pago de más de $ 33 mil millones a 600 víctimas. En el caso de Maule, fueron formalizados cuatro ejecutivos de la compañía y tuvieron que pagar más de $ 9 mil millones a cerca de 200 víctimas.
Hasta este viernes, había 29 detenidos por supuestas responsabilidades en incendios en esta temporada. Noticia en desarrollo.
Las inversiones de eléctricas y forestales para la temporada de incendios
CMPC: Según lo informado el 7 de febrero, las primeras estimaciones indican que la superficie afectada superaría las 10 mil hectáreas del patrimonio forestal de la empresa. La inversión de CMPC para esta temporada de incendios fue superior a los US$ 35 millones. Se cuenta con 1.200 brigadistas profesionales, 22 aeronaves, maquinaria terrestre y tecnología.
Arauco: Aproximadamente 40.000 hectáreas de bosques de la empresa potencialmente afectadas. La estrategia de prevención y combate para la temporada de incendios 2022-2023 contempla una inversión de US$ 57 millones. Cuenta con una flota de 35 aeronaves, más de 1.400 brigadistas profesionales, 1.430 personas de soporte y 1.200 brigadistas silvícolas, además de las Brigadas Nocturnas, compuestas por más de 280 brigadistas. Se suman 138 puntos de detección, de los cuales 82 corresponden a cámaras robot.
CGE: A la fecha, los trabajos han implicado reparar o reconstruir más de 33 mil metros de líneas de Media y Baja Tensión afectadas. Asimismo, 90 postes y nueve transformadores (o subestaciones de distribución) se han visto afectados o destruidos, los que han debido ser reemplazados por las brigadas de la compañía. CGE ha desplegado 29 brigadas pesadas de reconstrucción y mantenimiento de infraestructura eléctrica y 10 brigadas de despeje de vegetación o poda, además de personal de atención de emergencias.
¿Cómo ayudar?
- Centros de acopio de ayuda en Santiago (Palacio Consistorial en Plaza de Armas), Puente Alto (Gimnasio Irene Velázquez), Macul (Gimnasio Municipal), Las Condes (Estadio Municipal), Vitacura (Centro Cívico y Vitacentro), Concepción (Gimnasio Municipal y Plaza de la Independencia).
- Apoyos monetarios en Desafío Levantemos Chile ( https://desafiolevantemoschile.org/), Techo (https://cl.techo.org)
- Startup chilena Mindy ofrece servicios de psicólogos gratis a todas las personas que hayan sido afectadas por los incendios. https://www.mindy.cl/ La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) también está ofreciendo apoyo psicológico.
- Contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) con Bomberos https://www.soapbomberos.cl/index
- Productores de vino afectados: Fiesta solidaria, el 25 de febrero en Espacio Cultural de Ñuñoa, de 12:00 a 20:00.
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