A seis años del caso Caval una de sus múltiples aristas sigue abierta. Esta semana, la Corte Suprema comenzó a revisar el reclamo del controlador de Graneles del Sur, Gonzalo Vial Concha, al tratamiento tributario de los informes por $1.236 millones que la consultora de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon le vendió como originales en 2012, pese a tratarse de una copia de documentos públicos tomadas de Internet.
La pelea comenzó en 2014, luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) objetara el balance de 2012 de la firma de la Región de O'Higgins, que mostraba pérdidas, debido a una reclasificación contable que la propia Graneles hizo a diez facturas pagadas a Caval, en ese año, por estudios que esta plagió de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Ello significó para la firma de Vial recibir una devolución de impuestos por $218,7 millones, la que un año después fue cuestionada por el mismo SII.
En 2016, la firma decidió acudir a la justicia para zanjar las diferencias. Primero, ante el Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de Rancagua, que el 11 de noviembre de 2019 falló en su contra obligándola a asumir esos informes en su contabilidad y por ende a pagar más impuestos. Pero el 26 de noviembre del año pasado, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó esa resolución dándole la razón a ViaI. Ahora será la Corte Suprema quien dirima. Esta semana, además, Vial pidió a la Corte congelar todos los cobros tributarios que les estaba haciendo el SII a la espera de que se resuelva el caso.
Las facturas de Caval Limitada fueron recibidas por Graneles del Sur a contar de febrero de 2012 e ingresadas a su contabilidad como "Gastos de asesorías y honorarios". Pero en diciembre de ese año la firma decidió reclasificarlas como "Gastos por nota de cobro", lo que hizo variar su balance. En 2014, Graneles rectificó su declaración de renta informando de una pérdida por $1.342.835.329 por la que pidió la devolución de impuestos.
La situación llamó la atención del SII que inició una investigación que terminó en abril de 2016 con una reliquidación a Vial, donde le cobraron la devolución de los $218,7 millones, recalculando que ahora debía pagar en total $ 417,5 millones.
El debate por la renta
En marzo de 2015, el SII pidió a Graneles del Sur toda su información contable. Se concentró en las operaciones con Caval, estimando que el tratamiento tributario que la empresa hizo de esos pagos le había generado una pérdida y devolución de impuestos que no le correspondía.
El TTA también consideró que lo que la firma buscaba era "anular" el gasto de manera voluntaria y discrecional para "únicamente revertir los efectos" de haber pagado por informes ilegítimos. "Queda en evidencia, que, habiendo incurrido la actora, en el ejercicio comercial 2012, en una serie de desembolsos en favor de la empresa "Caval", por la cantidad total de $1.236.200.000, los cuales contabilizó́ como gastos del período, que según se acreditó́ en estos autos, rebajaron el resultado financiero, y por ende tributario, generando, en consecuencia, efectos tributarios...", se puede leer en el fallo.
En las peleas tributarias es común la discusión sobre si algún gasto es realmente necesario para producir la renta o no, ya que ello determina el pago final de impuestos. Y en los documentos de este caso, las argumentaciones a favor y en contra abundan: el debate se concentró durante un largo período en si un informe cuestionado por el hecho de ser falso o copiado de Internet genera o no renta.
En su defensa, Graneles del Sur aseguró que los informes de Caval eran en verdad para una empresa hermana y que por eso había que contabilizarlos de otra manera: la sociedad Águila del Sur, donde Vial concentra sus proyectos mineros.
Al final, el TTA consideró que los informes falsos sí eran necesarios para producir la renta de Graneles del Sur y que el error de haberlos pagado fue solo de Vial. Pero un año después, la Corte de Apelaciones le dio la razón al empresario y además compartió su criterio de contabilizar como él lo proponía.
Águila del sur
Según declaró Vial, Águila del Sur es propietaria de distintos proyectos mineros, entre éstos "Quince", un yacimiento de hierro ubicado en Atacama, en las cercanías de Chañaral para el cual necesitaba levantar US$ 4.500 millones. Para conseguir ese dinero Águila del Sur firmó un acuerdo con Graneles para gestionar la búsqueda y levantamiento de capital, implementando estrategias y acciones de promoción del negocio.
Y ahí fue cuando apareció Caval, a quien se le encargaron dichos estudios, destinados a determinar las condiciones necesarias para el desarrollo de la mina.
Según Vial, "Graneles" tenía un mandato para contratar directamente todas las asesorías e insumos que Águila del Sur requería para empezar a explotar sus yacimientos: "Los esfuerzos se enfocaron en inversionistas extranjeros, mediante la asistencia a ferias y encuentros especializados, en varios países, principalmente en China" narra Vial. Y agrega que por eso, todos los desembolsos incurridos fueron a dar a las cuentas de "Águila del Sur", porque existía este mandato.
El SII sostiene que todas las contrataciones que realizó "Graneles" con "Caval", fueron en el marco de su propia actividad, por lo que deberá pagar los tributos que correspondan.
Gonzalo Vial fue uno de los primeros grandes clientes de Caval. En 2016 decidió querellarse por estafa "contra quienes resulten responsables", debido al engaño de los informes, apuntando especialmente a Natalia Compagnon, la esposa de Sebastián Dávalos Bachelet, con quienes llegó a tener una amistad incipiente: a fines de 2012 les prestó su fundo en Paine para su fiesta de matrimonio.
Según los documentos del caso, entre finales de 2011 y comienzos de 2012, Natalia Compagnon contactó a Vial Concha por medio de Verónica Vanni para ofrecerle asesoría en la gestión de proyectos inmobiliarios y varios servicios. En las conversaciones también estuvo Mauricio Valero (condenado por delito tributario en otra de las aristas de Caval).
El 1 de febrero de 2012, Caval, representada por Natalia Compagnon e Inversiones Graneles Ltda. de Gonzalo Vial Concha firmaron el Acuerdo de Representación y Comisiones, por servicios en el área minera, desarrollo de nuevos negocios y asesoría en concesión portuaria, cuya validez tributaria analiza ahora la Corte Suprema.
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