En la última semana de diciembre un equipo del Servicio de Impuestos Internos (SII) visitó los terrenos y propiedades del Condominio Punta Puertecillo, que comenzó a diseñar el empresario Jorge Gálmez en 2013, y que se inauguró justo antes de la pandemia.
Tras la visita, el 30 de diciembre, los propietarios -son cerca de 300 lotes y 52 casas construidas- recibieron una notificación en la que la entidad encabezada por Hernán Frigolett explicaba que se iniciaría un proceso de fiscalización con el objetivo de regular las contribuciones de las viviendas.
Los vecinos comenzaron a comunicarse a través de un WhatsApp en el que participan varios de ellos, para preguntar: “Me llegó una carta del SII, ¿alguien más la recibió?”.
La molestia
La situación produjo inquietud en varios de ellos. El asunto coincide con el fallo de la Corte Suprema, del 28 de noviembre reciente, cuando acogió la reclamación interpuesta por fundaciones comunitarias y vecinos de Litueche y condenó a la empresa Inmobiliaria e Inversiones Pirigüines -hoy, Ayelén-, ligada a Gálmez, a pagar una multa de 5.001 UTA ($ 3.650 millones): cerca del proyecto se ubica el Humedal Topocalma, constatándose que se capta agua desde un afluente cercano.
En el fallo del máximo tribunal se determinó que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) tendrá que fiscalizar las parcelas ya vendidas y prohibió la venta de terrenos del proyecto, hasta que se someta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y obtenga Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La defensa de la firma está en manos del abogado Matías Montoya, de ByE, mientras que Imaginacción los asesora comunicacionalmente.
Tanto vecinos como personas ligadas al SII aseguran que “el monto de las contribuciones subirá bastante”. Se calcula que entre 15% a 20%, dependiendo el caso.
“Es una tras otra, y hemos cumplido toda la reglamentación. Y más allá, costeando beneficios que no solo gozan los propietarios del loteo, sino que toda la comunidad, como los caminos y accesos a la playa”, dice una persona que compró terreno a Gálmez.
Abogados que están al tanto del caso plantean que pedir una nueva RCA es impensado: la obra está ingresada como proyecto rural, y la normativa ambiental prohíbe iniciativas inmobiliarias con fines habitacionales en áreas rurales, salvo que se trate de proyectos de viviendas sociales o subsidiadas por el Estado.
“Constituye un sinsentido imposible de cumplir. Una trampa sin salida para el titular”, plantea José Joaquín Silva en una carta que publicó en El Mercurio. La misiva también ha sido compartida estos días por los vecinos de Punta Puertecillo. Uno de ellos comenta: “Solo esperamos un poco de cordura en toda esta discusión”.
Lo que busca el SII (y la georreferenciación de la Contraloría)
Conocedores de la situación cuentan que los funcionarios del SII que visitaron Puertecillo en diciembre hicieron un catastro de las 104 unidades con permiso de edificación del condominio, y notaron que de ellas, solo ocho tenían recepción final. Es decir, son las únicas que estaban pagando el total de las contribuciones requeridas.
El resto sí financiaba una parte, pero no el monto actualizado. Son esos propietarios los que ahora deberán concluir el trámite y en abril de este año comenzar el primer pago de contribuciones de acuerdo a la última tasación que efectúe el SII.
De todas maneras, comentan tanto vecinos como del mismo servicio, “el monto subirá bastante”. Se calcula que entre 15% a 20%.
Algunas de las conclusiones del servicio son: que en promedio la materialidad de las casas de madera era “medio alto”, es decir que sería coeficiente 2 en una escala de 1 a 5 (siendo el 1 lo mas alto en cuanto a su calidad); hasta 2022 a los sitios eriazos estarían aplicando un factor de 1.042 UF sobre el avalúo para determinar la base de contribuciones; y, ahora al avalúo vigente de los sitios, le van a sumar tasación de construcciones. Un comprador añade que un paño de unos 5.600 m2 paga cerca de $ 527 mil de contribuciones, solo por el sitio.
¿Por qué el SII puso ojo justo ahora a este condominio? Desde la entidad explican que los procesos de fiscalización se inician por cuatro motivos: por la denuncia de un tercero, por motu propio del SII con el fin de actualizar sus datos, por la instrucción de la municipalidad, o una de la Contraloria. En este caso, plantean conocedores, “se mezclan todos los factores”. Es deber de la entidad -argumenta un experto- tener toda la información. Y si no lo hacen los propietarios, el organismo debe velar para conseguir los datos reales.
“El servicio tiene la obligación de tener la tasación actualizada de los bienes raíces. Son cerca de 8 millones 600 mil predios tasados en todo el país, entre agrícolas, que son cerca de 1 millón, y urbanos, alrededor de 7 millones”, señalan conocedores de este tipo de regularización.
¿Y qué pasa con los vecinos de Puertecillo que no están en el condominio de Gálmez? Cercanos al SII aseguran que todos los loteos están siendo observados y fiscalizados, pese a que aún algunos no han recibido la notificación.
Por su parte, la Contraloria tiene entre sus líneas de acción de 2023 actualizar las tasaciones y contribuciones de loteos, explican a DF MAS. De esta manera desde la institución preparan justamente un proyecto de georreferenciación, con inteligencia de datos, para vigilar paños que van desde la Región de Valparaíso a la del Maule, y frenar a los que se conoce como “loteos brujos”. Aquello debiera comenzar a mediados de este año.
La relación con Gálmez
Por estos días, a Jorge Gálmez no se le ha visto en la playa de Puertecillo. Propietarios del condominio están en conversaciones con abogados y expertos comunicacionales para ser asesorados en esta contingencia. De todas maneras dicen que, pese a todo, la relación con él es buena. Le reconocen haber actuado en regla desde el inicio, no haberse saltado pasos legales, pero sí hay quienes creen que diseñó el proyecto “muy al límite”.
“Exprimió hasta el último m2 para tener más propiedades disponibles a la venta. Vemos que hay lotes en primera línea que, con los años, están llegando a la zona de inundación. Eso puede tener consecuencias”, añade una persona que construyó casa ahí.
Con todo, las conversaciones a través de sus representantes han sido fluidas. Por un lado su hijo, Nicolás, ha escuchado las inquietudes y, por otro, el gerente del área inmobiliaria de Punta Puertecillo, Andrés Prida, ha liderado el diálogo con los propietarios. Lo primero que les señaló es que Gálmez pagará la multa que la Corte exige. Y segundo, que hará todo lo que le exija la ley para dejar atrás este último capítulo de una larga teleserie que tiene a esta costa del Pacífico como telón de fondo.
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