Confiesa que han sido semanas intensas, complejas, pero que el gobierno del Presidente Gabriel Boric ya tomó la decisión de salir en apoyo de las empresas constructoras. No para salvar a una compañía y sus socios en particular, sino el empleo que éstas generan.
El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García (51 años, arquitecto de la UC de Valparaíso con un posgrado en Francia), reveló que, en las próximas semanas, tras tener la venia de Hacienda, su cartera reconocerá el alza de los materiales en los contratos de obras de infraestructura pública que realizan privados, lo que significará un mayor desembolso fiscal.
Prefiere no revelar aún los montos que significará esta medida (que se aplicará para contratos actuales y los que están en carpeta), pero se habla de una cifra cercana a los US$ 400 millones.
“Son dos herramientas: una es para los contratos -cualquiera sea su condición- que parten ahora, de manera que se reconozca la variación de precios de los materiales. Otra medida, y es la que estaremos anunciando en los próximos días, es reconocer esta situación en los contratos vigentes”, explicó el secretario de Estado.
Y añade: “Lo que nos interesa a nosotros es cuidar contratos públicos y cuidar empleos. En ese sentido, hemos visto una muy buena y positiva señal de parte de la industria en general, más allá de algunos casos particulares”.
Decisiones del MOP v/s decisiones de la empresa
-Esta semana, la constructora B+V pidió su quiebra. Apuntó a los efectos de la crisis social, la pandemia y al incremento en los precios de materiales de construcción. También a una serie de conflictos en contratos de infraestructura pública firmados con el MOP.
-Respecto a casos como los que usted menciona, como B+V y otros, en esos casos particulares habría que ver cuánto tienen que ver acciones que no hubiese hecho el MOP y cuánto corresponde a decisiones privadas, de otra índole, que les generó malos negocios y que se estaría responsabilizando al Estado.
-¿El ministerio está dispuesto a revisar los contratos de construcción y pagar más por acuerdos que eran a suma alzada, es decir, contratos basados en un acuerdo de un precio total fijo, invariable y obligatorio para las partes?
-Estamos, justamente, revisando medidas que permitan a los contratos vigentes reconocer que ha habido un alza en los materiales de la construcción, incluso desde antes de que nosotros asumimos el gobierno.
Como son medidas delicadas y bastante inéditas, las estamos haciendo con responsabilidad y las podremos anunciar, esperamos, en las próximas semanas. Van a generar, a nuestro juicio, una gran ayuda a las empresas que hoy día están trabajando con el MOP, de manera de poder concluir los contratos y asegurar, por supuesto, los empleos que ellos generan.
-¿Por qué tomar este tipo de medidas?
-Al tener contratos que reconozcan la variación de precios, distribuyendo la responsabilidad y el riesgo entre el sector privado y el público, nos permite generar la tranquilidad de que esos contratos se van a poder llevar a término. Estas medidas apuntan en el sentido correcto en un momento de crisis mundial, donde el valor de los materiales es el reflejo de esa crisis, y estas son medidas modernas en un Estado que tiene que actualizarse respecto de los contextos en los que se encuentra.
Como ministerio no nos cabe la menor duda que tomar medidas que reconozcan esta situación nos permitirá que las obras que estamos planificando y concretando en diferentes lugares de Chile se puedan llevar a cabo de la mejor manera posible.
-¿El MOP tiene recursos para estos mayores desembolsos o va a tener que solicitar a Hacienda?
-Justamente, por la envergadura que esto significa lo estamos trabajando estrechamente con el Ministerio de Hacienda. Cualquier medida que tomemos va a ser fiscalmente responsable.
No estamos haciendo medidas aleatorias ni improvisadas, estamos haciendo medidas que apunten a cuidar contratos que son importantes en nuestro país, pero sin afectar los balances financieros públicos que tenemos como ministerio.
-¿La revisión de los contratos vigentes va a considerar solo las alzas de precios o también la paralización de las obras que sufrieron las constructoras por las cuarentenas durante la pandemia?
-Hay dos situaciones distintas. Tenemos, por una parte, contratos en curso en que nos preocuparemos de que puedan terminar adecuadamente las obras y puedan estar al servicio de la ciudadanía en los plazos que correspondan.
Por otra parte, en contratos de empresas que quebraron el año pasado y las obras quedaron abandonadas, estamos trabajando en medidas rápidas para que puedan ser retomadas con contratos con valores actualizados.
-Insisto, ¿se va a tomar en consideración solo el alza de costos de los materiales o también los retrasos en que incurrieron las empresas producto de la pandemia?
-En el caso de lo que estamos viendo nosotros, hay que tener datos objetivos. Y, en este caso, los datos objetivos que hemos conversado estrechamente con la Cámara Chilena de la Construcción son con el alza de los costos de los materiales. El alza de los costos es la principal implicancia.
Muchos de estos contratos no se paralizaron en la pandemia y tuvieron ajustes que fueron reconocidos en los contratos en su momento, dándoles mayor cantidad de tiempo, etc. En los contratos que corresponden al Ministerio de Obras Públicas, el mayor impacto no está por paralizaciones por la pandemia, sino por el alza de precios de los materiales.
Que no se entienda como salvataje
-En un primer momento, desde el gobierno se señaló que se iba a hacer valer los contratos firmados. ¿Estas medidas de apoyo pueden ser calificadas como un salvataje a las empresas constructoras?
-A ver, primero, como gobierno respetamos la tradición del Estado de Chile de una jurisprudencia responsable respecto de los contratos que existen. Otra cosa es que reconozcamos una situación particular; que no se entienda como un salvataje a las empresas, sino como una preocupación para que contratos vigentes que tienen con el Estado puedan ser terminados; para que empresas puedan pagar a proveedores, que muchas veces son pequeñas y medianas empresas que son las que realmente sufren estos impactos. Y, por supuesto, una prioridad absoluta con los trabajadores de cada una de las empresas. Ese es el foco, no es salvar otro tipo de situaciones. El foco es: los contratos con el sector público y los empleos que ellos generan.
-¿Están cuantificados los recursos que se destinarán para la modificación de los contratos?
-Justamente ese es el tipo de evaluaciones que estamos viendo con el Ministerio de Hacienda, y esperamos anunciarlo en los próximos días. Por tratarse de una medida inédita en nuestro país queremos ser muy responsables, y no solamente en los montos involucrados, sino que también en la programación financiera.
-¿Se considera en este plan que el MOP no cobre multas o boletas de garantía por incumplimientos de contratos, por ejemplo, por retrasos en la entrega de una obra?
Un contrato que tiene una empresa con el Estado tiene que responder a la normativa, y nosotros no vamos a saltar ninguna ley que atente contra la probidad y el resguardo del interés público. Lo que estamos haciendo nosotros es reconocer una situación excepcional, que se arrastra desde hace más de un año y medio (desde enero de 2021) y que está impactando a la propia inversión pública en obras de infraestructura. Ese es el punto que queremos resguardar. Y esta alza en los precios de los materiales ha hecho que las obras públicas tengan dificultades para poder terminarse. El foco que tenemos nosotros es que justamente puedan terminarse y puedan resguardar el empleo que eso involucra.
-¿Cuándo se debiese anunciar el plan?
-Hemos tenido un avance significativo y esperamos hacer el anuncio en las próximas semanas, con responsabilidad.
¿Responsabilidad del Estado?
-La Constructora Claro, Vicuña, Valenzuela, también apuntó sus dardos en contra del MOP, ¿usted se ha reunido con ellos?
-Yo he invitado a conversar y a reunirse con nosotros a la empresa Claro Vicuña y no ha asistido, no ha respondido a esa invitación. Sin embargo, me he reunido con la Cámara Chilena de la Construcción.
En el caso de Claro Vicuña podemos decir que es una empresa que tiene dificultades desde mucho antes de este periodo. De hecho, ya con empresas privadas tenía dificultades el año pasado, en el pago a sus proveedores. Por lo tanto, esta empresa en particular, malamente puede responsabilizar al Ministerio de Obras Públicas de decisiones de inversión privada que no fueron buenos negocios y que están impactando en sus balances financieros.
-¿Por qué no se reajustaron los contratos, por el alza en los precios de los materiales, con anterioridad?
Del momento que nosotros asumimos el gobierno, en marzo de este año, hemos tomado medidas que probablemente habría sido mejor que se hubiesen tomado el año pasado. Y cuando recibimos el gobierno, lo recibimos con empresas ya quebradas o en una situación crítica difícil de revertir.
-¿No hay responsabilidad del Estado?
-Todas las medias que hemos tomado han apuntado a darle señales claras a la industria, y así lo hemos percibido con la gran mayoría de las empresas. Casos particulares tienen que abordarse en su propio mérito, y no solamente buscar en ellos una responsabilidad del Estado, sino que también -eventualmente- las propias decisiones que han tomado esas empresas en particular.
A mí me interesa dar respuestas y, justamente, lo que hemos hecho durante estos seis meses de gobierno es dar acciones inéditas que no se habían tomado anteriormente en el sentido correcto, para que la industria que trabaja con el Estado pueda terminar las obras con las que están comprometidas y, del mismo modo, tener un diálogo continuo para poder ir mejorando en conjunto –tanto la parte privada como la pública- los procesos que nos permitan mejores obras en una situación difícil a nivel mundial.
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