El 22 de diciembre fue un día agitado en el consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Ese día, el organismo presidido por Solange Bernstein decidió tres sanciones clave a pocos días del cierre del año. No eran nombres desconocidos.
Se trataba de Andrés Navarro, dueño de Sonda y AFP Modelo; Fernando Echeverría, propietario de la constructora Echeverría Izquierdo, y Eugenio von Chrismar, el CEO del Banco BCI, a quienes se les multó con 6.200 UF, unos $ 210 millones en total, por distintas infracciones a la regulación del mercado de valores.
Nadie apeló. Todos pagaron la multa en Tesorería en los primeros días de enero de este año.
Un plan y la omisión
La historia de la sanción de Navarro -que tiene un porcentaje minoritario del Grupo DF- comienza el 17 de diciembre de 2021. Ese día, Sonda le informó reservadamente a la Comisión para el Mercado Financiero que estaban en conversaciones para vender su participación en Novis, una empresa mexicana de software de la que son dueños. Si es que se concretaba la venta, Sonda registraría una ganancia de US$ 16 millones.
Mientras las conversaciones ocurrían en Ciudad de México, el 28 de enero del 2022 primero, y luego el 3 de marzo, Cristián Samsing, gerente de Inversiones Santa Isabel, una de las sociedades a través de las cuales Navarro administra su patrimonio y que es accionista de Sonda, ordenó primero por teléfono y luego vía correo electrónico a Banchile Corredores de Bolsa, comprar 2,6 millones de acciones de la empresa tecnológica donde Navarro es presidente.
Nueve operaciones de compra se realizaron el 28 de enero para completar la orden, mientras que la del 3 de marzo fue realizada en 15 operaciones. Y dichos movimientos representaron el 46% y 65%, respectivamente, de lo transado de la acción en esos días.
Pero el 7 de marzo del año pasado, Sonda le informó a la CMF que el hecho esencial que habían enviado en diciembre ya no tenía efecto, porque las conversaciones en México no habían avanzado y no hubo acuerdo para vender Novis.
El 17 de marzo, la División de Supervisión de Abusos de Mercado e Infraestructura Financiera, dirigida por Víctor Zapata y donde trabajan otras seis personas, alertó de las operaciones a la Unidad de Investigación, liderada por Andrés Montes, ex fiscal regional de la zona Metropolitana Centro Norte. Y para llegar a esa alerta ofició a las corredoras Sura, BTG, Credicorp, Banchile e Itaú Corpbanca para que enviara detalles de transacciones con las acciones de Sonda.
El 21 de marzo, la unidad de Montes dio inicio a una investigación formal.
Navarro: “Esa operación se hizo bajo autorización y mandato mío”
Tras recabar más antecedentes, en mayo declararon ante Montes, Christian Samsing, administrador del family office de Andrés Navarro, y el 23 del mismo mes lo hizo Navarro. Samsing dijo que él había dado la orden de comprar esas acciones esos días. “Efectivamente la orden la di yo, no hay nadie más entremedio. Yo siempre me entiendo a través de Maximiliano Katanich, que es el que administra los family office en la corredora, no es un operador, y él a su vez habla con operadores”, explicó.
Mientras que Navarro apuntó: “Afirmativo, esta operación se hizo con mi instrucción, se hizo bajo autorización y mandato mío. Las personas que operaron, con independencia de la fecha, lo hicieron bajo instrucciones mías. Dejando la salvedad de que no estoy participando día a día en esto, pero nunca di la instrucción de no invertir. La operación está dentro del rango que manejamos”.
Y agregó: “siempre he pedido que se observen los periodos de bloqueo, sin embargo, un abogado me informó que una operación se hizo el mismo día que se había publicado la FECU. Según el abogado esa transacción estaría dentro del periodo de bloqueo, este hecho lo conocí con posterioridad, en una reunión que tuve con el abogado. En este caso me reuní con la gente que trabaja conmigo para señalarles que se debían cumplir estos periodos, y que en esa ocasión se había cometido un error”.
El argumento de Navarro, defendido ante la CMF por el abogado Ramón Valdivieso, es que Inversiones Santa Isabel tenía un mandato amplio para comprar acciones de Sonda cada vez que hubiera disponibles en el mercado para mejorar el precio del papel. Y en el fondo, que las compras que se hicieron en enero y marzo, mientras durante ese mes se negociaba la venta de la empresa, fueron porque Navarro omitió informarle a Samsing que frenara ese plan de compras porque había un hecho reservado en proceso.
“Esta orden responde a una estrategia general de comprar acciones Sonda que estaban baratas. Con Andrés Navarro manejamos el portafolio estratégico y hace muchos años hemos venido comprando acciones a 300, 400 pesos. La acción vale mucho más. Fue una estrategia de confianza del controlador. No es una estrategia puntual, ni del día. Esta decisión de compra la informé a Andrés Navarro. Él sabía que íbamos a comprar. No sabía montos ni precios”, dijo Samsing en septiembre del año pasado, en una nueva declaración.
Según recabó la CMF, el financiamiento de las operaciones cuestionadas a Inversiones Santa Isabel proviene de dividendos que recibe aquella sociedad principalmente de AFP Modelo y de Sonda.
Con esos antecedentes, el 14 de septiembre del año pasado Montes presentó cargos contra Navarro por haber comprado acciones estando en posesión de información privilegiada. El 24 de noviembre hubo una audiencia de defensa. Pero el argumento del fiscal Montes para pedir la multa fue que la ley establece la prohibición de transar “sin importar si en dichas operaciones el sujeto activo tuvo algún particular motivo o intención tendiente a obtener una ventaja o beneficio económicos”.
Por eso, el 22 de diciembre, cuando el Consejo de la CMF se reunió, decidió sancionar de todas formas a Navarro, apelando a que “la fe pública depositada en el Mercado de Valores fue vulnerada, dado que, en definitiva, el señor Andrés Navarro realizó, a través de Inversiones Santa Isabel Limitada, compras de acciones de un emisor, estando en posesión de información privilegiada, lo que se encuentra prohibido”.
La multa de 6.000 UF, unos $ 200 millones, fue pagada el 4 de enero. Además, cuentan fuentes al tanto, la política de sucesivas compras de acciones de Sonda que tenía en su family office se detuvo, y ahora cada compra que se haga deberá ser consultada particularmente con Navarro, para evitar cometer el mismo error que ya fue sancionado. Esta es la primera vez que el dueño de Sonda es multado por la CMF.
La regulación por la que cerró Felices y Forrados
Los casos de Eugenio von Chrismar y Fernando Echeverría son completamente distintos a Navarro. A ellos no se les acusa por información privilegiada, sino que fueron los primeros en ser sancionados por una nueva legislación de agentes de mercados promulgada durante el gobierno anterior, que es la misma legislación que reguló, entre otros, a Felices y Forrados y que hizo -según Gino Lorenzini, su fundador- imposible seguir operando.
Según el expediente de la sanción del gerente general del BCI, fue en abril de 2022 cuando el departamento dirigido por el mismo Víctor Zapata levantó una alerta por una posible infracción de la nueva ley de agentes de mercado que había comenzado a regir en abril de 2021.
En concreto, se apuntaba a la prohibición de transar acciones a los directores, gerentes, administradores y ejecutivos 30 días antes de la publicación de los estados financieros de una sociedad. Pero esa prohibición también se hizo extensiva a cónyuges, convivientes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Y como Eugenio von Chrismar es hermano de Óscar von Chrismar, actual director suplente del Banco Santander, los ojos de la CMF se pusieron sobre ellos. El banco español informó que la entrega de sus estados financieros a septiembre de 2021 sería el 29 de octubre de 2021, por lo que había una prohibición de transar acciones para todos los regulados desde el 29 de septiembre.
Pero el 21 de octubre de 2021 a las 14:24 horas, desde el correo institucional del BCI, Von Chrismar ordenó a su corredora, Sura, comprar 1.077.151 acciones del Banco Santander, por $ 39 millones, lo que se concretó en 24 transacciones.
Los hermanos Von Chrismar: Óscar del Santander, Eugenio del BCI
Según el expediente, la defensa del ejecutivo fue que todo fue un error involuntario. Con Sura, Von Chrismar administra un Ahorro Previsional Voluntario que incluye la compra de acciones de la bolsa chilena. Ese 21 de octubre, fue su ejecutivo de Sura quien le recomendó comprar, entre otras, acciones del Santander. Hasta el día anterior, en su cartera también había acciones de los bancos BCI y Chile por $ 88 millones.
“Teníamos un saldo disponible para invertir en acciones, conversamos respecto de algunas acciones y nos decidimos por esta acción”, declaró en agosto del año pasado Nitin Mansingan, el ejecutivo de Sura que estaba a cargo de su ahorro para la jubilación.
El 27 de octubre del año pasado, Von Chrismar, a través de su abogado Cristián Carmona, presentó sus descargos.
Explicó que al momento de efectuar la operación, no relacionó dicha compra con la prohibición legal que recientemente había entrado a regir y menos al hecho de generarse esa restricción formal, no en forma directa, sino que indirectamente, por su hermano Óscar, “con quien afirma no discutir estos temas y menos de las inversiones que realiza, y quien, además, era director en calidad de suplente de un banco; y mucho menos que en ese momento era aplicable un bloqueo, previo a la divulgación de los estados financieros de esa entidad, para realizar transacciones con tales valores, bloqueo que se extendía a sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, lo cual desconocía”, explicó y agregó que mantenía las acciones de Santander en su poder, las que “no han generado rentabilidad en el tiempo, sino que, por el contrario, han perdido valor”.
Sin embargo, el fiscal Montes descartó dicho argumento recordando que el Código Civil chileno indica que una vez una ley publicada en el Diario Oficial, es deber de todos conocerla y no se puede alegar desconocimiento.
En la resolución del Consejo que se reunió el 22 de diciembre se lee: “Situaciones como las que motivaron el desarrollo del presente procedimiento, pueden generar desconfianza y sensación de inseguridad en el mercado, pues justamente se lesionan normas que buscan disminuir los riesgos de transacciones en asimetría de información, lo que puede implicar un mayor riesgo, que debe ser asumido por todo el sistema”.
Por lo mismo, se le multó con 100 UF con el voto favorable de Solange Bernstein y Bernardita Piedrabuena, pero con el voto en contra del comisionado Augusto Iglesias, ex asesor previsional del gobierno pasado, “quien comparte la decisión de sancionar, pero estima que amerita la sanción de multa a beneficio fiscal de 75 Unidades de Fomento, atendido que no presenta un vínculo directo con el emisor de los valores ni con la información financiera que éste debe proporcionar al mercado, toda vez que el ilícito de su conducta deriva de ser hermano de un director del emisor y no de su participación directa en éste”.
La defensa: “Son operaciones completamente menores”
En tanto, la multa de Fernando Echeverría, por 100 UF también fue un error directo. El presidente de la constructora Echeverría Izquierdo, a través de la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Pergue Limitada, adquirió 224 mil acciones de la constructora los días 27 de julio, 21 y 26 de octubre y el 5 de noviembre de 2021, a través de la corredora MCC, por un monto total de $ 26.700.670. Y en esos periodos estaban abiertos los bloqueos para transar porque en 30 días se presentarían los estados financieros de junio y septiembre del año pasado, respectivamente.
El argumento de Echeverría fue que las operaciones fueron realizadas en el marco de compras habituales que hace Pergue y en “un contexto de confusión respecto de los plazos de prohibición impuestos por la normativa legal dictada por la ley N°21.314 de 13 de abril de 2021”.
Además, explicó que el Manual de Manejo de Información de Interés de Echeverría Izquierdo no había sido actualizado, y solo prohibía operar con acciones de la empresa 10 días previos a la publicación de los estados financieros, lo que fue corregido a 30 días en julio del año pasado, para actualizarse según la ley.
“El Manual no consignó oportunamente el cambio producido en la normativa aplicable a estas situaciones por la ley”, agregó su defensa representado por el abogado Gonzalo Errázuriz.
“Esta situación ha ocurrido en un escenario completamente alejado de la mala fe, creo importante resaltar que se ha tratado de operaciones completamente menores y sin ánimo de aprovecharme de información a la que haya tenido acceso en mi condición de director de la compañía, para obtener beneficios o réditos ilícitos”, apuntó Echeverría.
Dicho argumento de desconocimiento, al igual que el de Von Chrismar, fue rechazado por la CMF que aplicó una multa de 100 UF el mismo 22 de diciembre.
En tanto, este jueves 12 de enero se conoció de una nueva sanción. Se trata del director de Echeverría Izquierdo, Álvaro Izquierdo Wachholtz, quien también transó acciones en el nuevo periodo de bloqueo de 30 días previo a la publicación de estados financieros. La multa, también fue por 100 UF.
Tanto Von Chrismar como Echeverría pagaron los montos respectivos y no apelaron. Sin embargo, en el mercado financiero y en el mundo legal comentan que todas las empresas están reforzando las medidas de cuidado para evitar que se transen acciones 30 días previos a la publicación de estados financieros. Y no solo los directores o ejecutivos del emisor, sino que también, padres, cónyuges, hijos, hermanos.
La CMF está mirando el árbol genealógico completo.
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