Todo se iba a definir en julio, pero no fue posible porque el negocio, al parecer, se judicializó. Hablamos de un deal que involucra a al menos parte de los integrantes de la familia Miró Quesada, la histórica dueña de la firma tras el diario El Comercio de Perú, que esperaban abrochar en ese mes la venta de la compañía Empresa Editora El Comercio, sociedad matriz tras el Grupo El Comercio.
El conglomerado maneja -además del mencionado medio escrito- un grupo de activos, incluidos canales de televisión. Los compradores tras este acuerdo son personajes de renombre y vínculos con Chile, partiendo por César Emilio Rodríguez Larraín, el presidente de Latam Airlines Perú y muy cercano a las familias Cueto y Piñera. El otro empresario es Francisco Picasso Candamo, ligado al rubro farmacéutico.
Todo iba bien y, de hecho, el 20 de julio, la Empresa Editora El Comercio había oficializado que ya había vencido el 6 de julio pasado el plazo previsto para que accionistas pudieran ejercer el derecho de preferencia que se estila en este tipo de transacciones, de modo de dar chance a que puedan igualar una oferta y ser ellos quienes compran. Y habían añadido que ninguno de los accionistas había ejercido “de manera válida” aquel derecho de preferencia.
Así, quedaba la vía libre para que se concretara la compraventa del mencionado paquete acordado, equivalente al 63%, que sería adquirido por dos sociedades: el 51% por parte de Inversiones Newscorp SAC -ligada a Francisco Picasso Candamo-, y el 11,9464142%, por César Emilio Rodríguez Larraín Salinas. Así las cosas, el cierre de este acuerdo, explican entendidos, estaba sujeto sólo a que se cumplieran ciertas condiciones propias de este tipo de operaciones, como las autorizaciones del regulador peruano, Indecopi, por ejemplo.
Sin embargo, este lunes todo cambió. Esto porque la misma Empresa Editora El Comercio informó que el sábado 1 de agosto, a través de una cuenta en X, se había enterado de que un juzgado de Perú, el Séptimo Juzgado Civil de la Subespecialidad Comercial, había dictado una medida cautelar en favor de Hernando López de Romaña Dalmau, Alois Miró Quesada Koechlin y Arthur Do Nascimento Silva, lo que suspendería provisionalmente la transferencia, en tanto no se resolviera un proceso arbitral que éstos iniciarían, para lo que tienen plazo de 10 días.
Menos del 1%
Personas al tanto de esta compraventa tras El Comercio detallan que, en todo caso, la empresa no había sido notificada de tal acción. Y apuntan a que estas tres personas mencionadas son accionistas de la Empresa Editora el Comercio, con menos del 1% de las acciones. ¿Su jugada? Habrían intentado ejercer su derecho preferente, pero éste no habría prosperado, toda vez que, a mediados de julio, se había oficializado como no válida su propuesta, en tanto no habían conseguido un waiver del grupo La República que habilitara esta venta de la sociedad matriz. El grupo comprador sí cuenta con este waiver.
Este waiver era necesario, pues el grupo La República es socio de Plural TV, la unidad de negocios de canales de TV que gestionan en participaciones de 30% por grupo La República y 70% la firma tras El Comercio, y que maneja las señales América TV y Canal N. Como socio en esta unidad, el grupo La República tiene derecho a las tradicionales cláusulas de compraventa (tag y drag along) cuando hay cambio de socio.
Pero el grupo disidente consideró que tal waiver no era exigible y fue por la cautelar a la justicia.
Así las cosas, hasta el cierre de esta edición no estaba claro el curso que seguiría todo el proceso, sus plazos y si los mencionados tres accionistas disidentes perseverarían en su acción legal que les dio la cautelar y en el posterior arbitraje, y qué buscarían en concreto con éste.
Por de pronto, los compradores que tiene el acuerdo por el 63% quieren perseverar en el negocio.
“De acuerdo a las evaluaciones legales efectuadas, El Comercio considera que el proceso de venta ha sido desarrollado de manera válida y transparente conforme al marco legal, respetando estrictamente el derecho de todas las partes y cumpliendo con las respectivas disposiciones estatutarias”, dijo la compañía oficialmente esta semana ante la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú (SMV).
Y agregó: “la empresa reporta que los accionistas oferentes y los compradores han informado su convicción sobre la validez de la operación y su voluntad de continuar con la misma, ni bien les sea legalmente posible”. Este miércoles precisó, además, a requerimiento de su regulador del mercado que, en la medida que la suspensión estaría referida a la transferencia accionaria, no afectaría el normal desarrollo de los negocios de El Comercio.
¿Juez implicado en corrupción?
La duda sobre el curso que seguiría esta operación se exacerbó aún más debido a que el titular del juzgado que dictó la cautelar que paralizó la venta de El Comercio, el juez Juan Gustavo Varillas Solano, ha sido investigado y relacionado a múltiples casos de corrupción en su país. Según prensa peruana, se le relaciona con indagatorias por prevaricato, abuso de autoridad, uso de documento falso, fraude procesal, omisión de actos funcionales, cohecho activo y hurto agravado, entre otros, en casos de connotación pública.
Por ello, explican entendidos a DF MAS, una opción que se barajaba como posible salida era que ante tales cuestionamientos, al menos alguno de los tres accionistas retrocediera en la decisión judicial. Está por verse si esto ocurrirá.