Lo anunciaron con bombos y platillos, pero, comentan fuentes conocedoras, hace medio año se transformó en una “pesadilla” para ambas partes involucradas.
La historia comienza en marzo de 2022, cuando The Live Green Co (TLGC), una foodtech chilena basada en San Fernando y enfocada en la producción de alimentos producidos exclusivamente con vegetales, hizo pública la adquisición de cinco empresas, también creadas en este país: Epullén, Aztlán, Gibit, EcoKetrawe y Comida Regional.
Solo dos meses antes, en enero, habían levantado US$ 7 millones en una ronda pre-Serie A en la que participaron DRADS Capital (fondo basado en Boston), Draco Capital, Fondo Alerce, NOA Capital, Fen Ventures y diversos inversionistas ángeles. Su proyecto era la expansión internacional, la cual -actualmente- está en pleno desarrollo. De hecho, su cofundadora y CEO Priyanka Srinivas está viviendo en San Francisco, California. Actualmente la empresa, según documentos a los que accedió DF MAS, tiene una valoración de US$ 100 millones.
Y a pesar de que la adquisición de la mayoría de empresas ocurrió sin problemas, con una se gatillaron diversas desavenencias que terminaron con un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Santiago, además de denuncias laborales, demandas civiles e incluso, querellas cruzadas: una parte acusa estafa y la otra apropiación indebida ante el Juzgado de Garantía de San Fernando. Estos son los detalles de una batalla que recién está comenzando.
Del vino al quiebre
Uno de los objetivos del aumento de capital de TLGC era el crecimiento. Entonces, usaron parte de esos fondos para concretar procesos de fusión y adquisición de diversas empresas del rubro alimenticio.
Esto calzó con lo que estaban buscando María Teresa Comparini y Gonzalo Burgos, dueños de Comercial Epullén Limitada, una empresa enfocada en la investigación y fabricación de alimentos veganos en base a los lupinos (legumbres ricas en proteínas). Según relatan personas conocedoras, la compañía no estaba teniendo buenos resultados financieros, por lo que buscaron alternativas de financiamiento. Además, a finales de 2021, el arrendatario de su bodega en Santiago les informó que debían entregar ese espacio en mayo de 2022.
Fue ahí cuando le escribieron a TLGC para buscar oportunidades de fusión. Luego de algunos correos con los cofundadores de la foodtech (Priyanka Srinivas y Sasikanth Chemalamudi), éstos les ofrecieron la oportunidad de llevar a cabo el modelo de “acqui-hire”, un sistema que permite la adquisición de la compañía, complementada con la contratación de todo su talento.
El 30 de enero de 2022 Comparini y Burgos mandaron una selfie a Srinivas y Chemalamudi donde salían chocando unas copas de vino. “¡Celebrando nuestra asociación!”, mencionaban en el email.
Ese correo significaba que habían aceptado la oferta preliminar que les hizo TLGC para formar parte de su grupo empresarial. “Bienvenidos a bordo (…) Hagamos del mundo un lugar mejor empezando por la comida”, respondió a los pocos minutos Priyanka Srinivas.
A partir de ahí comenzaron las negociaciones con abogados: TLGC estuvo con DLA Piper (la mayor parte del tiempo con el socio Jorge Timmermann), mientras que Nicolás Casado apoyó a Epullén. Un mes después las conversaciones llegaron a buen término: ambas partes firmaron un acuerdo de fusión (merge agreement) de 54 páginas en el que definían los principales lineamientos para la ejecución del proceso de M&A.
Sin embargo, a partir de ahí las cosas comenzaron a decaer. Si bien María Teresa Comparini y Gonzalo Burgos empezaron a trabajar en TLGC (ella bajo el cargo de gerenta de investigación y desarrollo, y él liderando la gerencia de operaciones), en junio todo se quebró y dejaron de responder llamadas, correos o mensajes de texto. La empresa TLGC trató de comunicarse en diversas ocasiones con los dueños de Epullén para confirmar el acuerdo, pero no tuvieron respuestas.
El 15 de ese mes Priyanka Srinivas les mandó un último correo electrónico que decía: “Les escribimos para decirles que la fusión lleva un tiempo estancada, y seguimos esperando su respuesta a los documentos enviados por email y Docusign (...) No nos interesa presionarlos para que formen parte de este proyecto si no están interesados, y creemos que lo mejor para ambas partes es decidir si seguir adelante juntos o no”.
Dos días después, Burgos respondió: “Adjunto se encontrará una notificación de rescisión del Acuerdo de Fusión (...) Solicitamos encarecidamente que no se envíen más comunicaciones a nuestros correos electrónicos o teléfonos personales”.
Desde ese correo electrónico ambas partes se comunicaron con sus abogados para planear sus ofensivas legales, las cuales hoy están en curso.
¿Estafa o apropiación indebida?
El 12 julio de 2022 TLGC inició un proceso arbitral ante la Cámara de Comercio de Santiago, bajo la idea de que Comparini y Burgos terminaron el acuerdo de fusión de manera “ilegítimamente fundada”. El 6 de septiembre se produjo la primera audiencia y se establecieron las bases del proceso.
Luego, el 20 de julio de 2022, los dueños de Epullén ingresaron una demanda laboral en contra de TLGC. Ahí acusaron que la compañía no les había pagado sus sueldos, pese a haber trabajado durante aproximadamente cuatro meses en la foodtech. Dentro de ese tiempo, explican, sostuvieron una serie de reuniones con diversos clientes de TLGC como Carozzi, Tottus y Ariztía.
Sin embargo, la compañía de Priyanka Srinivas y Sasikanth Chemalamudi, representada por el abogado Luis Parada Hoyl, contestó que los demandantes actuaron de mala fe y que omitieron “la realidad de forma grosera”. También informaron que The Live Green Co financió un préstamo de $ 18,5 millones a Comparini y Burgos que “no ha sido devuelto”. “Realizados estos pagos y casi de manera inmediata comenzó a resultar extraordinariamente difícil contactarlos y comenzaron a aparecer los primeros atisbos de mala fe de la señora Comparini y el señor Burgos”, añadieron.
A cuatro días de presentado el libelo laboral, los dueños de Epullén ingresaron una demanda civil ante el Juzgado de Letras de San Fernando por unas supuestas facturas impagas. En el escrito se menciona que “entre abril y mayo de 2022 mi representada vendió diversos productos alimenticios a la empresa Regional Food SpA por un monto total de $6.592.957”. Dicha firma fue una de las que sí se logró fusionar con TLGC.
En paralelo, el 21 de julio de 2022, The Live Green Co -apoyada por Bernardita Valdés, socia de Valdes & Asociados- presentó una querella en contra de Comparini y Burgos, en la que los acusa de estafa. En concreto, mencionan el préstamo impago por $ 18,5 millones y los acusan de “aprovecharse de la buena fe de TLGC”.
“Dicha intención queda en evidencia al analizar la secuencia de sus actos, comenzando por construir una relación con TLGC y sus fundadores en la que destacaba la confianza y el interés de desarrollo conjunto, compartiendo en este proceso, los mismos principios y valores basados en la sustentabilidad y respeto al medio ambiente, para luego, una vez conseguido el objetivo de ser sustentados financieramente para cerrar sus operaciones, desaparecer y luego retornar con nuevas acciones para conseguir nuevos beneficios”, explican.
“TLGC Chile sí utiliza ingredientes procesados”
También, el 14 de noviembre de 2022, Epullén presentó una querella en contra de Juan Andrés Hurtado, director de The Live Green Co, por el delito de apropiación indebida. En el libelo explican que TLGC habría retenido “112 bienes muebles que totalizan un avalúo comercial de $ 325 millones aproximadamente”, como maquinaria y dos vehículos de carga.
Además, explican que una vez firmado el acuerdo de fusión, los dueños de Epullén se dieron cuenta de que los productos de TLGC “contenían ingredientes que no eran declarados como lo exige la ley de etiquetados”: “TLGC Chile sí utiliza ingredientes procesados, sus productos sí contienen gluten y altos niveles de azúcar y de sodio, contrario a lo que informan al mercado”.
También informaron que María Teresa Comparini, en su rol como gerenta de investigación y desarrollo, se dio cuenta que uno de los productos trabajados para Carozzi (uno de los clientes de TLGC) “tenía altos niveles de sodio y azúcares que no se declaraban en sus etiquetas ni a través de los conocidos ‘sellos’, y también contenían gluten pese a ser productos supuestamente ‘sin gluten’”.
“Los querellados en su operación bordean los límites de lo permitido, aparentando ser una compañía que no es, omitiendo sus graves y variadas irregularidades en los procesos de elaboración alimenticia, fórmulas, etiquetado de productos e información entregada al público”, añadieron en la acción judicial.
Gran parte de los procesos judiciales siguen abiertos y en etapa inicial. DF MAS se comunicó con ambas partes involucradas, y no quisieron emitir comentarios.
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