A tres semanas de estallar el Caso Convenios, DF MAS viajó a Antofagasta, donde empezó el escándalo que hoy sacude al gobierno. La crisis está lejos de amainar y se abre la arista penal: el CDE presentará querellas en los próximos días por fraude al Fisco, lavado de activos, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Inicio del recorrido
Son las 8 de la mañana del viernes 7 de julio y en Antofagasta, en el extremo norte de Chile, hay personas en polera. Hay 15º C, pero corre una brisa tibia, muy distinta al viento gélido de Santiago. Estamos en el centro de la ciudad en la que habitan cerca de 440 mil habitantes y en la que se divisan los campamentos desde cualquier lugar.
Serviu de Antofagasta, donde todo partió
Partimos este periplo en donde todo comenzó: en el Serviu de Antofagasta, a justo 1.335 kilómetros de Santiago. Situado en la calle Jorge Washington 2551, está un modernísimo edificio de cinco pisos con paredes de vidrio que tuvieron que cubrir durante el estallido social de 2019 y que ahora está manchado de pintura: un grupo de vecinos descontentos por sus viviendas con daños estructurales arremetieron contra el lugar premunidos de pistolas paintball.
Esperamos a Carla Olivares, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu-Minvu de Antofagasta. El guardia avisa que este día no llegó a trabajar. Olivares fue quien destapó el Caso Convenios. Lo hizo al mandar el 2 de mayo pasado un correo electrónico a la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), alertando de los convenios de Democracia Viva, ligada a militantes de RD, para trabajar en campamentos cuando su giro era otro.
Ese mail junto a otros documentos fue compartido mediante WhatsApps a la diputada Yovana Ahumada el 5 de junio. La parlamentaria cuenta a este medio que analizó la información con su equipo: dos días después, el 7 de junio, envió un oficio a la Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta, entonces a cargo de Carlos Contreras, también de RD en ese entonces y del círculo cercano de la diputada Catalina Pérez. “Quería saber qué estaba ocurriendo aquí, cómo y por qué se estaban entregando esos recursos”, resume Yovana Ahumada, independiente, que en algún momento militó en el Partido de la Gente.
Carla no aparece pero conversamos con sus colegas, otros funcionarios del Serviu de Antofagasta, quienes cuentan que la vida de estos dirigentes se tornó compleja tras estallar el escándalo y se les ha acusado de buscar réditos políticos de la crisis. Por ello la directiva tuvo que salir al paso de estas imputaciones, comunicando que “descartamos de plano cualquier aprovechamiento político de nuestros dirigentes o miembros de la Asociación, ya que lo que se busca es alertar de situaciones poco usuales en los procesos”.
Los funcionarios revelan que la denuncia realizada por Carla Olivares en su calidad de presidenta del gremio se hizo en realidad “a nombre del Programa de Asentamientos Precarios de Serviu Antofagasta, quienes solicitaron su reserva y privacidad, siendo nuestra dirigenta quien realizó el nexo con las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.
Gobernador Ricardo Díaz: “Yo renuncié a RD por Catalina Pérez”
Desde el Serviu caminamos a la Plaza Colón, donde se emplazan las oficinas de las autoridades regionales. La calle Arturo Prat, donde se instala el edificio de la Gobernación, con pilares de cobre y una gran bandera chilena ondeando, está cerrada: hay un despliegue de “Gobierno en Terreno”, una mezcla de operativos de salud, feria de emprendedores, personal del ejército, deportistas y un cuantohay.
Tocamos la puerta del gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, un ex RD que desde esta semana está en el ojo del huracán por haber firmado contratos directos con la Fundación Procultura -que tiene el giro de venta de libros- para arreglar tres fachadas de edificios históricos en la Perla del Norte por $ 630 millones, un caso que, al igual que el de Democracia Viva, también destapó el medio regional Timeline, dirigido por el periodista Jorge Ortiz. Una de las construcciones en cuestión da justo a la plaza: se llama Edificio Colón y tiene 1.920 metros cúbicos a pintar. Y aunque el gobernador dice que hay un avance en las obras de 13%, no vemos ningún atisbo de ello.
Él descarta enfáticamente cualquier irregularidad y atribuye la denuncia -que provino de RN- a que “se ha levantado un manto de duda respecto de las actuaciones de todos los gobiernos regionales y su trabajo con las fundaciones: se cuestiona mucho el trabajar de trato directo, suponiendo que no hay ninguna regulación y no hay ningún control y eso es un error, hay distintos sistemas de control interno, de Dipres, de Contraloría”, dice el gobernador a DF MAS desde su oficina.
Cree que es “un voladero de luces”. Porque “este es un afán de tratar de desviar la atención de una situación que ocurre en el Serviu, que ocurre en una dependencia del gobierno central; lo único que se busca es diluir la responsabilidad y aquí la responsabilidad está clara: que una agrupación de personas en el Serviu de Antofagasta, todos militantes de un mismo partido (RD) buscaron un mecanismo para recabar recursos públicos en beneficio propio”.
-¿Pero usted también fue RD?
“Yo renuncié a RD (en 2019) por mis disputas y por mis diferencias con la diputada Catalina Pérez. En mi carta de renuncia ya insinué lo que estaba pasando. Este afán de ciertos amigos de Catalina Pérez que estaban buscando tener posiciones de poder y tener cargos de relevancia en nuestro gobierno regional… ya no están esas personas”, afirma el gobernador.
Aunque dimitió el seremi Carlos Contreras y la subsecretaria Rojas, ambos de RD, en la región sigue su núcleo duro, como la consejera regional Paz Fuica, y el delegado provincial de El Loa, Miguel Ballesteros Candia.
CDE: "En dos semanas se presentarán las querellas"
Las 12 del día y como en varias ciudades de Chile, suena un tiro de cañón para anunciar la hora. Estamos de vuelta en la calle Jorge Washington, a una cuadra del Serviu, para entrevistar al fiscal que lleva el caso Convenios, Cristián Aguilar. Declina conversar del asunto. Quien sí lo hace es el abogado del Consejo de Defensa del Estado en Antofagasta, Carlos Bonilla, quien informa que la entidad que pelea por los intereses del Fisco prepara querellas contra varias fundaciones del país por los delitos de fraude al Fisco, lavado de activos, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. De ello aún no hay noticias en la capital.
Bonilla detalla que el fiscal de la capital nortina, Cristián Aguilar, “está recopilando información de las distintas entidades sin fines de lucro, la que está siendo analizada por el comité penal del CDE en Santiago, donde está Juan Antonio Peribonio y Daniel Martorell, y que en dos semanas se presentarán las querellas”.
“Nosotros, el CDE, presentamos querellas para ganarlas y por eso nos hemos tomado nuestro tiempo, para reunir y analizar la información”, adelanta el abogado.
Campamentos de Antofagasta: “Hay incertidumbre ahora”
Antofagasta -que colinda con San Pedro de Atacama, el Oceáno Pacífico y Argentina- es considerada la ciudad con el mayor ingreso per cápita de Chile, por las actividades portuarias e industriales ligadas a la minería. Pese a ello, aquí en los campamentos no se ve riqueza y las calles son principalmente de tierra.
Peleando terreno al farellón, los campamentos Ecuachilepe y Alto Irarrázaval se descuelgan del cerro y se definen por la precariedad: no tienen caminos, ni alumbrado público y están “colgados” al suministro eléctrico y al agua potable. En ellos trabajó Democracia Viva, que instaló tres tanques de agua para incendios y tres de red seca.
Pega el sol, ya hay 19º C , son las 2 de la tarde y hay viento con tierra.
El caso Convenios los tiene “hartos”, dice la dirigenta Dolly Cuéllar, de Ecuachilepe, del macro campamento Balmaceda. “Somos alrededor de 2.500 familias y tenemos muchas necesidades: no tenemos luz, ni agua legales y esas son las primeras necesidades que tenemos… queremos regularizar el agua y la luz y no estar así, robando los suministros básicos”, dice Dolly.
Hay un acuerdo con el Serviu y Aguas de Antofagasta de poner más de 200 medidores, pero no es suficiente. “Queremos que esos proyectos se repliquen en todo el macrocampamento”, señala la dirigenta de Ecuachilepe, quien destaca que los 25 dirigentes son muy unidos.
El campamento data de hace una década y esta es la primera vez que un gobierno “está trabajando con nosotros”, resalta Cuéllar. “Hay incertidumbre ahora”, comenta, en referencia al caso Convenios. “Estamos a la expectativa, presionando al gobierno, para trabajar como corresponde… queremos que nos ayuden a construir como corresponde”, sostiene Dolly. “Los dirigentes no tenemos color político y queremos trabajar de la mano con el gobierno de turno”.
Mireya Ticona, presidenta del campamento Irarrázaval, donde hay 2.000 familias en un asentamiento de 20 cuadras de extensión, señala que una de las cosas que más necesitan es caminos de acceso, “porque sólo hay uno y colapsa por los tacos”. También requiere un estudio de suelo, primer paso para regularizar su precaria situación.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
