Acorde con los plazos, finalmente ayer el Ministerio de Hacienda presentó en el Congreso los ajustes que buscan simplificar la polémica reforma tributaria impulsada el año pasado. Y con la intención de minimizar los efectos en la economía, como lo destacó el titular de la cartera, Rodrigo Valdés, el gobierno se propuso contar con su aprobación antes del 31 de enero próximo.
Con dicho objetivo cumplido, La Moneda cerrará la puerta a más cambios “al menos” hasta 2018, cuando el nuevo modelo impositivo esté en pleno régimen, según lo señaló el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, quien además defendió la propuesta de algunos cuestionamientos que consideran que el texto -de más de 140 páginas- es “más complejo de lo que se esperaba”.
“Siempre en un proyecto tributario, un pequeño cambio tiene una serie de implicancias”, argumentó el personero. Añadió que “sólo en el caso de evitar la interacción entre los dos sistemas existen cinco artículos transitorios y dos permanentes”.
“Realizar una modificación bien acotada, como restringir el uso del sistema atribuido sólo a empresas simples, implica hacer cambios en muchos lugares del código tributario”, subrayó Micco. “Eso es lo que hace que el proyecto sea extenso en páginas”, acotó.
Al elemento central de las modificaciones, que es restringir el uso de los sistemas semi integrado e integrado con atribución de rentas, se suman precisiones al IVA, a la vigencia del código tributario y correcciones que, según el Ministerio de Hacienda, “hacen más fácil el funcionamiento de la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos”.
Eso sí, destacó Micco, lo relevante es “simplificar y precisar la reforma tributaria, manteniendo los objetivos”, que es la recaudación fiscal (que sube a 3,06% del PIB), la progresividad y las herramientas para controlar la evasión y elusión. “Eso es lo clave”, remarcó.
El gobierno aplicará las urgencias necesarias para cumplir con su objetivo. “Es importante para el funcionamiento de la economía que esto quede resuelto antes del 31 de enero, para que las empresas tengan todo un año para hacer los ajustes al sistema tributario, antes que tengan que tomar su elección, en 2017, de qué régimen tener”, afirmó Micco.
El debate legislativo, sin embargo, no será fácil. Así lo anticipó el ministro Valdés, quien reconoció que la reforma -al aumentar el costo de capital- “no es deseada por parte de la población que legítimamente no quiere pagar más impuestos”.
El jefe del equipo económico adelantó siete puntos que provocarán tensión en el Congreso, entre ellos la complejidad del nuevo sistema (que se intenta corregir), la supuesta discriminación con inversionistas extranjeros provenientes de países que no tienen un tratado para evitar la doble tributación, el alza de la carga tributaria y el impacto de la reforma en la inversión.
“Es difícil argumentar que aumentar el costo en capital no tiene efectos. Pero eso vale la pena en consideración de la reforma educacional. Es un esfuerzo que le estamos pidiendo a los chilenos para financiar aspectos cruciales”, fue el mensaje que entregó, en la reanudación de la disusión tributaria.
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