El fiscal de O´higgins, Luis Toledo, fijó para el próximo 29 de enero de 2016 la primera formalización en el controvertido caso Caval que involucra a la familia de la presidenta Michelle Bachelet.
La solicitud fue ingresada en contra de la Sociedad Caval -empresa controlada por Natalia Compagnon, la esposa del hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos- y otros nueve imputados.
Sin embargo, en esta etapa del proceso no serán formalizados ni Dávalos ni su cónyuge.
Los imputados y los delitos por los que son acusados son:
- Mauricio Valero Illanes, acusado en calidad de autor de soborno del artículo 250 del Código Penal.
- Herman Chadwick Larraín, imputado por ventajas indebidas del síndico del artículo 38 del libro IV del Código de Comercio, en calidad de autor.
- Juan Díaz Sepúlveda, acusado de ventajas indebidas del síndico del artículo 38 del libro IV del Código de Comercio, en calidad de cómplice, además es imputado como autor de soborno del artículo 250 del Código Penal.
- Andrés Orchard Vergara, acusado de ventajas indebidas del síndico del artículo 38 del libro IV del Código de Comercio, en calidad de cómplice.
- Jorge Silva Menares, acusado de cohecho artículo 248 bis del Código Penal, en calidad de autor.
- Cynthia Ross Wiesner, acusada de cohecho artículo 248 bis del Código Penal, en calidad de autor.
- Marisol Navarrete Carmona, imputada por cohecho artículo 248 bis del Código Penal, en calidad de cómplice.
- Pablo Ovalle Andrade, acusado de prevaricación de abogado del artículo 231 del Código Penal, en calidad de autor, e imputado como encubridor de ventajas indebidas del síndico del artículo 38 del libro IV del Código de Comercio.
- Daniel Huerta Cordero, acusado de prevaricación de abogado del artículo 231 del Código Penal, en calidad de autor, y como encubridor de ventajas indebidas del síndico del artículo 38 del libro IV del Código de Comercio.
- Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada es acusada de soborno del artículo 250 del Código Penal, en calidad de autor.
Consultado de la audiencia, el vocero de gobierno Marcelo Díaz instó a dejar que trabajen las instituciones, y sostuvo que "lo importante en este y en otros casos (...) es que esas investigaciones sigan adelante, que lleguen a conclusiones, y que si sean cometido irregularidades estas sean acreedoras de las sanciones que establece la legislación. Es un síntoma de sanidad de nuestro ordenamiento institucional".
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