Nuevo capítulo en el caso Caval. A menos de una semana de que el Ministerio Público fijara fecha para la formalización de nueve personas -principalmente operadores políticos- ayer el Servicio de Impuestos Internos (SII) se hizo del timón y anunció una querella por delito tributario contra seis personas, entre las que se incluyen la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.
La información trascendió durante la sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y fue confirmada casi dos horas después por el organismo liderado por Fernando Barraza.
En concreto, el SII se querelló contra los representantes legales de Caval, Mauricio Valero y Compagnon como autores de delito tributario por la presentación de declaraciones maliciosamente falsas, al incorporar facturas falsas en la contabilidad de la empresa, rebajando “indebidamente” la base imponible del Impuesto a la Renta.
La acción penal del SII -presentada ante el Tribunal de Garantía de Rancagua- también incluyó al representante legal de Inversiones Lo Beltrán Limitada y operador de la UDI, Patricio Cordero, quien según la declaración de Compagnon ante la Fiscalía, recibiría el 50% de las ganancias de la polémica venta de los terrenos en Machalí, y a Paulina Besserer. Esto, como autores del delito de facilitación de facturas falsas por servicios no prestados a Caval.
La acción incluye al ex dirigente de la UDI Juan Díaz, quien es acusado de facilitar documentación tributaria falsa a la empresa Sociedad Wesnier S.A, compañía que vendió los terrenos a la sociedad de Compagnon.
Díaz habría sido -junto a Cordero- quien ofreció a la nuera de la jefa de Estado el negocio inmobiliario en la Sexta Región y también habría percibido la mitad de las ganancias de la transacción.
Además, el libelo apunta al síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín, como autor del ilícito de omisión maliciosa de ingresos efectivamente percibidos y la omisión maliciosa de declaraciones exigidas por la ley tributaria para la determinación o liquidación de un impuesto. Chadwick fue quien, como síndico de quiebras, vendió los terrenos en cuestión.
El recurso penal no incluye al hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos, pareja de Compagnon y ex gerente de proyectos de Caval.
Cambio de discurso y guiño a la Fiscalía
De esta manera, el SII da un vuelco en su discurso respecto al accionar en el caso Caval. El 23 de noviembre pasado ante la comisión investigadora de la Cámara, Barraza señaló que el organismo aún no contaba con antecedentes suficientes para presentar una acción penal en el caso.
Asimismo, la querella del SII le abre la puerta a la Fiscalía para que formalice a la nuera de la jefa de Estado, ya que ahora el Ministerio Público tiene la venia del fiscalizador para investigar eventuales delitos tributarios.
El pasado 30 de diciembre, el fiscal a cargo de la causa, Luis Toledo, ingresó una solicitud para formalizar a nueve personas el 29 de enero. Entre ellos, hay varios nombres que se repiten entre los querellados ayer por el SII, como Valero, Chadwick y Díaz.
Ahora, el persecutor deberá decidir si ingresa una segunda solicitud de formalización que incluya a la esposa de Dávalos.
La acción penal del organismo fiscalizador llegó luego de una fuerte presión política, especialmente de parte de miembros de la oposición como los diputados UDI Felipe Ward y Gustavo Hasbún, quienes habían criticado que el Ministerio Público formalizara a uno de los socios de Compagnon y no a ella.
Junto con criticar la ausencia de Dávalos y Compagnon de la comisión investigadora del caso, Ward valoró la acción penal presentada por el SII.
“Nosotros fuimos críticos respecto del anuncio por parte de Fiscalía sobre la formalización de algunas personas, como al socio de Natalia Compagnon en Caval y no a ella. Y esta querella abre la puerta a futuras formalizaciones”, planteó.
fallo por apelación a novoa el jueves
Este jueves a las 10 de la mañana la Corte de Apelaciones dará a conocer el resultado de la apelación de la fundación Ciudadano Inteligente a la condena interpuesta por la justicia al ex senador de la UDI, Jovino Novoa, en el marco del caso Penta.
El pasado 2 de diciembre, el ex timonel del gremialismo fue condenado a tres años de pena remitida y a pagar una multa cercana a $ 10 millones por delitos tributarios, decisión que fue valorada por el Ministerio Público (es la primera que consigue en el marco de los casos de financiamiento irregular de la política), pero que fue objetada por la fundación al considerarla "insuficiente".
Durante la audiencia llevada a cabo ayer, el abogado de Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, criticó que la justicia haya considerado la colaboración sustancial a la causa como atenuante. "¿Cuánto tiempo estuvo en silencio el imputado Novoa?", criticó.
Por su parte, el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, defendió la sentencia, calificándola como "razonable".
"La pena impuesta está en línea con las sentencias de nuestros tribunales y creemos que no hay ninguna otra posibilidad que no sea confirmar la sentencia. No hay un caso tributario por un fraude mayor o equivalente a $ 15 millones -que es por lo que se está condenando al señor Jovino Novoa- que sea superior a los tres años de presidio de libertad", recalcó el persecutor.
Ayer, Chile Vamos respaldó la decisión de la UDI de no sancionar internamente a Novoa, a pesar de ser condenado por la justicia.
"Nosotros respetamos las decisiones que toma cada partido", dijo la vocera del bloque de oposición y presidenta del Partido Regionalista Independiente (PRI), Alejandra Bravo.
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