Un solo informe, que se aprobó por unanimidad, acordaron evacuar ayer los diputados que conformaron las comisiones investigadoras I y II del proceso y los efectos de la venta de los polémicos terrenos de Machalí en la Región de O’Higgins -conocido como caso Caval-, que ha salpicado a la misma presidenta de la República, Michelle Bachelet.
Este hecho se viene a sumar a la querella que presentó el lunes el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de la nuera de la mandataria, Natalia Compagnon, por delitos tributarios, y a la posibilidad de que la esposa de Sebastián Dávalos sea formalizada en esta misma causa por el fiscal Luis Toledo.
En este contexto, y sobre nuevas eventuales formalizaciones, el diputado socialista Juan Luis Castro -uno de los dos representantes del partido en la instancia junto con su par Osvaldo Andrade- ya había advertido que si el fiscal ha apuntado a que se podrían sumar otros nombres “no tengo dudas de que aquí no habrá parcialidades. Si Caval tenía dos dueños, son los dos dueños los que tienen que responder, no uno, y eso involucra a Valero y a Compagnon”.
Tras la última sesión, quien presidiera ambas instancias, diputado Gabriel Silber (DC), destacó el hecho de que se haya alcanzado un acuerdo transversal en torno a las conclusiones y proposiciones -ocho y 23 respectivamente- del informe compuesto de 83 páginas en total.
Silber hizo un recuento acerca de los puntos más importantes, destacando que tras los 10 meses que duró en total la investigación “caracterizamos lo que es Caval con una condena y terminamos desnudando lo que era: una suerte de empresa de lobby, cuyo principal virtud era que estaba en el entorno cercano a la Presidenta y a partir de allí las influencias políticas que eran germen de cultivo para delitos como los que hoy día imputa la fiscalía en lo que se refiere a tráfico de influencias, cohecho, delitos tributarios o soborno”.
Además, destacó algunas de las proposiciones más importantes de la comisión como la salida del síndico Herman Chadwick de la nómina que lleva el Ministerio de Justicia, asegurando que para ello no es necesario esperar el resultado del juicio penal; piden prohibiciones drásticas de ejercer el lobby a familiares de altas autoridades de gobierno; y, reiteran la solicitud de censurar la permanencia de Cristián Riquelme como jefe administrativo de La Moneda.
La conclusión tres del texto apunta directamente a Compagnon y Dávalos, señalando que “las declaraciones de los involucrados y la forma del otorgamiento del crédito, claramente permite acercarse a la teoría de la configuración de una causal para investigar la existencia de un eventual tráfico de influencias o abuso de poder por parte de Compagnon, lo que se desprendería de las discrepancias entre lo declarado por el matrimonio Compagnon-Dávalos y Andrónico Luksic, situación que debe ser debidamente investigada y resuelta por el Ministerio Público dentro del marco del proceso penal correspondiente”.
Castro, por su parte, fue enfático en subrayar que la empresa Caval “engañó, utilizó e hizo abuso del nombre de la Presidenta” para hacer los negocios que actualmente se condenan y apuntando a la nuera de la mandataria insistió en que “me queda claro que en la gerencia de Caval, donde estaban Compagnon y Valero había una operación” destinada a todos tipo de negocios.
La Sala de la Cámara podrá refrendar el citado informe y sus conclusiones apenas sea puesto en tabla por la mesa de la Corporación.
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