El camino que ha tomado el proyecto de ley que moderniza el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha sido descrito como “atípico” y “sin precedentes” por abogados expertos en el tema.
Tras su salida del Congreso en octubre pasado y largo paso el Tribunal Constitucional (TC) que emitió su sentencia en enero de este año, el texto está ahora en estudio en la Contraloría General de la República para la revisión de los artículos que fueron declarados inconstitucionales por parte del Tribunal, en lo relativo a las facultades sancionatorias y normativas, decisión que fue cuestionada por la Cámara de Diputados.
El mismo contralor general de la República, Jorge Bermúdez, reconoció lo inédito y delicado de la situación, por lo que pidió una prorroga de 15 días para emitir su decisión final, plazo que vence este lunes 30 de abril.
Los expertos coinciden en que si la Contraloría se niega a tomar razón -es decir, rechaza dar curso a la promulgación-, el escenario se complejiza bastante para el gobierno y, por ende, para el futuro del proyecto.
Como explica el abogado y académico UC, Felipe Bravo, si el decreto promulgatorio se presenta como inconstitucional, el Ejecutivo tiene dos opciones: conformarse con la decisión de la Contraloría y realizar las modificaciones que ésta le indique o recurrir al TC para que resuelva si la decisión del Contralor es la correcta o no.
Pero incluso recurrir a la primera alternativa no será fácil, según expone el abogado, ya que el Gobierno debería definir cómo se realizarán los cambios, es decir, si los adecúa de manera directa-modificando el texto del proyecto enviado por la Cámara de Diputados-, o si consulta a la Corporación, lo que significaría un trámite inédito sin regulación en la Constitución y otro paso por la Contraloría.
“Si el Presidente decide no recurrir al Tribunal Constitucional, y en cambio busca una solución con el Congreso, no hay plazo para dicha resolución y por ende el proyecto de ley aprobado quedaría en un limbo jurídico”, sostiene Bravo.
¿Ley vería la luz este semestre? Difícil
Para el director Centro de Regulación y Consumo de la Universidad Autónoma, Sebastián Bozzo, pase lo que pase será un referente para el futuro y el camino final dependerá de la voluntad política del gobierno, aunque en su opinión todo indica que el proceso se extenderá al menos por este semestre.
Según Bozzo, el Ejecutivo también tiene la opción de recurrir a un decreto de insistencia para insistir en la toma de razón por parte de la Contraloría, pero aclara que sería de “alto riesgo” para el gobierno ya que quedaría vigente en la ley la potestad sancionatoria que fue considerada inconstitucional por el TC.
De acuerdo al abogado Jaime Lorenzini, socio de Lorenzini Consultores, si bien un pronunciamiento negativo de Contraloría efectivamente complicaría el panorama, “tampoco es conveniente que se promulgue una ley que tiene ciertos errores que pueden traer serios problemas en la aplicación práctica de la normativa”.
“Ello generaría incertidumbre, y desgaste para todos los actores del sistema: Poder Judicial, Sernac, proveedores y consumidores”, afirma.
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