Hasta las oficinas de Antofagasta Minerals llegaron ayer los persecutores de la Fiscalía de Alta Complejidad Carlos Gajardo y Pablo Norambuena para realizar una de las primeras diligencias en el marco de la investigación que se abrió por oficio en contra del ex diputado y ex ministro, el PPD Jorge Insunza, por sus asesorías a empresas mineras mientras integraba la Cámara Baja.
La indagatoria por el eventual delito de cohecho y ordenada por el fiscal metropolitano oriente Manuel Guerra, vuelve a golpear al partido, que hace un poco más de un mes debió sortear las esquirlas del caso SQM luego que se conociera que la minera no metálica realizó pagos a la tienda -a través de la corporación Chile Ambiente- cuando ésta era presidida por la alcaldesa de Santiago y candidata a la reelección Carolina Tohá.
Pero a diferencia del caso que afectó a la jefa comunal cuando buena parte de la plana mayor de la colectividad salió a respaldarla, esta vez la reacción desde el PPD se redujo a una declaración pública difundida por la nueva mesa, que preside hace una semana el también alcalde, Gonzalo Navarrate.
En el texto de seis puntos, y en sintonía con lo expresado por La Moneda, el PPD lamentó que “uno de sus militantes se vea involucrado en procesos de este tipo” y “reconoce las facultades y obligaciones del Ministerio Público para hacer estas indagatorias, y es respetuoso ante el funcionamiento de las instituciones”.
Además, señaló que “el ex diputado debe estar disponible y, según ha comunicado a la mesa directiva nacional, entregará toda la información requerida por la Fiscalía y colaborará con la indagatoria en curso”; que las “responsabilidades políticas sobre el eventual conflicto de intereses de Jorge Insunza como diputado, ya fueron asumidas en su momento cuando renunció a su cargo de ministro” de la Segpres, a los 28 días de haber sido nombrado.
En la declaración también se establece que el PPD tiene como norma interna que “cada vez que hay una formalización de algún militante, se suspende su militancia, hasta que el caso sea aclarado” y que junto con esperar que esta investigación “sea realizada en el plazo más breve posible, para que los hechos investigados sean esclarecidos y se puedan dar a conocer con prontitud”, entienden que “las responsabilidades personales (...), deben ser asumidas de manera individual por quienes corresponda”.
El tema fue analizado por los diputados en un almuerzo en el Congreso, ocasión en que coincidieron que el asunto daña la imagen de la tienda y de la política en general y se limitarán a lo señalado por la mesa.
En el partido admitieron en privado que esto frustra las intenciones manifestadas por Insunza de volver al Parlamento por el distrito que hoy representa Tucapel Jiménez.
La diligencia
Al término de la diligencia que realizaron cerca de las 11 horas de ayer en las oficinas de Apoquindo 4001 de la minera de propiedad de los Luksic, el fiscal Norambuena señaló a DF.cl que “estamos desarrollando una investigación a fin de esclarecer hechos que son relevantes”.
A sur turno, el fiscal Guerra señaló a un canal de TV que tras esta indagatoria “no hay ningún sesgo político”, que ésta se abre de oficio ante los antecedentes que dan cuenta de que habría pagos por asesorías en materias mineras prestadas por Insunza en su período de diputado.
La minera, en tanto, indicó inicialmente a través de su cuenta Twitter que la “Fiscalía solicitó entrega voluntaria de información relacionada al contrato con la empresa ‘Virtus’, el que terminó en octubre de 2014”. Luego, a través de un comunicado precisó que “la compañía colaborará con la información requerida, con el convencimiento de que siempre actuó de acuerdo a la Ley” y que “la Fiscalía citó a declarar a aquellas personas que fueron representantes legales de Antofagasta Minerals durante el período en que estuvo vigente la recepción de estos informes (mayo 2007- octubre 2014)”. Además, se señala que Virtus Consultores Ltda envió semanalmente un boletín llamado “Claves: Notas del escenario político” y que en total fueron 443.
En horas de la tarde también se conoció que el Consejo de Defensa del Estado ofició al Ministerio Público para requerir los antecedentes de la indagatoria anunciada por el fiscal Manuel Guerra en que se investigan eventuales delitos en las asesorías realizadas por el ex ministro Insunza, cuando se desempeñaba como diputado. “Analizados dichos antecedentes, el Consejo tomará las decisiones que corresponda”, dijo.
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