El próximo 3 de julio vence el plazo para que Chile ingrese ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, su memoria por la demanda presentada en contra de Bolivia por el río Silala.
De ahí que esta sea una semana clave para el gobierno y, en particular para la Cancillería chilena, que se encuentran ultimando los detalles de la presentación -en La Haya- del documento con los argumentos en que se basa la demanda.
Este capítulo de la ofensiva iniciada por Chile el 6 de junio de 2016, se da en medio de un clima de tensión con las autoridades de La Paz, marcado recientemente por la resolución del Juzgado de Garantía de Pozo Almonte que decretó la expulsión de los nueve ciudadanos bolivianos detenidos el 19 de marzo pasado en la frontera acusados de robo y contrabando.
A ello se suma la dura respuesta con que el canciller chileno, Heraldo Muñoz, salió a rebatir e emplazamiento de su par boliviando, Fernando Huanacuni, en medio del plenario de la OEA.
Qué demanda Chile
El equipo chileno responsable de la demanda por el Silala está integrado por técnicos chilenos y extranjeros de alto nivel, además de expertos en recursos hídricos, bajo la conducción de la agente y directora del Departamento de Fronteras y Límites (Difrol), Ximena Fuentes, y como coagente el expresidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña.
Aunque se desconoce el contenido de la memoria, sí se sabe lo que solicita Chile en su demanda: en síntesis, que se establezca que el Silala es un curso de agua internacional, cuyo uso se encuentra regido por el derecho internacional; que ello le da a Chile derecho a un uso equitativo y razonable de sus aguas, conforme al derecho internacional.
Además, que bajo el estándar de uso equitativo y razonable, “Chile tiene derecho al uso que actualmente hace de las aguas del río Silala”. Que Bolivia tiene “la obligación” de tomar todas las medidas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile resultante de sus actividades en las cercanías del Silala. Y que Bolivia tiene la obligación de cooperar con Chile y notificar “oportunamente” las medidas que haya planificado y que pueda tener “un efecto adverso” en los recursos hídricos compartidos, intercambiar antecedentes e información y de conducir cuando sea apropiado un estudio de impacto ambiental.
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